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Diputados «dan la impresión» que «buscan impunidad» en Ley de Reconciliación Nacional

El director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), José María Tojeira, dijo que los diputados de la Asamblea Legislativa ponen "pequeños detalles" en Ley de Reconciliación para impedir "un enjuiciamiento real de los problemas del pasado".

Los diputados de la Asamblea Legislativa, encargados de promulgar una Ley de Reconciliación Nacional, han estado tratando de defender a los violadores de derechos humanos del pasado, un hecho que habría retrasado la aprobación de la nueva legislación ordenada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para reintegrar justicia y verdad a las víctimas del conflicto armado que ocurrió entre 1980 y 1992, dijo el director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA), José María Tojeira.

«Ellos han tratado de defender lo más posible y de amparar lo más posible a los violadores de derechos humanos del pasado. (…) Hasta el último momento han estado tratando de poner pequeños detalles que impidan un enjuiciamiento real de los problemas del pasado. Es cierto que en una ley transicional tiene que haber penalidades mucho más suaves y buscar fórmulas que lleven a la reconciliación. Pero una cosa es eso y otra es la impunidad y uno tiene la impresión de que los diputados buscan la impunidad», dijo Tojeira en la entrevista principal de A Primera Hora de Radio 102nueve.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) otorgó en abril del 2019 un plazo adicional para que los diputados de la Asamblea Legislativa emita, a más tardar el 28 de febrero del 2020, una nueva Ley de Justicia Transicional y de Reconciliación Nacional, con fin de asistencia a víctimas, según los parámetros establecidos por la instancia judicial.

El IDHUCA considera que la nueva ley debe contemplar la imposición de una condena de cárcel simbólica, con la posibilidad de que el imputado se acoja en beneficios penitenciarios que existan en el país. Tojeira destacó que pedir perdón o una disculpa pública por el delito puede significar disminución de años en prisión. También mencionó que una persona enferma puede acceder a arresto domiciliario e incluso, en otros casos, medidas sustitutivas a la detención por servicios sociales.

«Lo que más debe aterrorizar a algunas personas, sobre todo cuando son mayores, es que la cárcel es un sistema de humillación y de maltrato. Las cárceles no tienen un trato que garantice la salud de las personas, digamos. Condenar a la cárcel cuando alguien tiene 75 años es casi como condenarle a muerte. Yo sí creo que deberían establecer algún tipo de lugares de confinamiento decentes para gente mayor», expresó Tojeira sobre este punto.

Recientemente, la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador denunció quela propuesta de Ley de Reconciliación Nacional que los legisladores buscan aprobar en esta semana no ha sido elaborada por la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, sino por la presidencia de dicho órgano, dándole la espalda a las víctimas y la búsqueda de restitución de los daños dejados en la guerra civil. Los diputado Damián Alegría, del FMLN, y Juan José Martel, del CD, han expresado públicamente que no se conoce este proyecto de ley.

La nueva Ley de Justicia Transicional y de Reconciliación Nacional busca reemplazar la Ley de Amnistía para la Consolidación de la Paz, promulgada en 1993 y declarada anticonstitucional en julio del 2016, por parte de la Sala de lo Constitucional. En la sentencia emitida hace más de 4 años se determinó que en los Acuerdos de Paz firmados el 16 de enero de 1992, y en los acuerdos que le precedieron, no se hizo ninguna alusión expresa a la amnistía, sino el combate a la impunidad y búsqueda de la justicia en las graves violaciones a los derechos humanos sucedidas en el conflicto armado.

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