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Despacho de la Primera Dama finaliza formación sobre la Ley Crecer Juntos para futuros funcionarios y empleados judiciales

El Despacho de la Primera Dama, Gabriela de Bukele, en coordinación con la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Nacional de la Judicatura, concluyó con la formación sobre la Ley Crecer Juntos para quienes serán los nuevos colaboradores, jueces y magistrados especializados en niñez y adolescencia.

El objetivo de la capacitación es formar a los nuevos funcionarios y empleados judiciales en el contenido, alcance y aplicación de los derechos de la Primera Infancia, niñez y adolescencia establecidos en la nueva normativa. En esta participaron: 35 candidatos a jueces especializados y magistrados de cámara y 306 candidatos a colaboradores judiciales.

La formación se dividió en 8 módulos virtuales y presenciales. Entre los temas que se impartieron están: principios de la Ley Crecer Juntos; derechos de protección; desarrollo integral; Sistema Nacional de Protección Integral de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia; entre otros.

De las personas que participaron en la formación, el CNJ deberá presentar una terna ante la CSJ y serán los magistrados en pleno quienes elegirán a 8 jueces y 2 magistrados. Posteriormente, los jueces tendrán 15 días para elegir a sus colaboradores.

Actualmente existen tres juzgados especializados de la niñez y adolescencia ubicados en las regiones occidental, central y oriental. Con la entrada en vigencia de la Ley, se crearán cuatro juzgados más: dos en San Salvador, uno en Santa Ana y uno más en San Miguel. Además de una nueva cámara especializada. Los nuevos juzgados iniciarán labores en enero de 2023, cuando entra en vigencia la Ley Crecer Juntos para la Protección Integral de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia. 

A partir de esa fecha, los nuevos tribunales cumplirán el rol de articulación con las distintas instituciones de protección de la niñez y adolescencia.

En estos se ventilarán casos como: adopciones; custodia de los hijos en casos de divorcio de los padres; salida de menores de edad del país; medidas de protección; autorización de intervenciones quirúrgicas; vulnerado derechos colectivos o difusos de los niños, niñas y adolescentes; entre otros.

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