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Abogado Humberto Sáenz obligado a cumplir con la legalidad y estado de Derecho, que tanto pregona, en caso Davivienda-Salaverría

Pese a las argucias legales que ha emprendido como defensa del banco Davivienda, el bufete Sáenz & Asociados tendrá que respetar el fallo judicial que obliga a esa compañía a pagar los $49 millones en favor del empresario cafetalero Antonio Salaverría, por un embargo ilegal a sus propiedades que afectó a 1,260 productores del grano.

En este despacho jurídico participa Humberto Sáenz Marinero, quien ya ha iniciado acciones en distintas etapas del proceso con miras a que esta sentencia quede sin efecto en favor de su cliente, aunque desde la presidencia de Acción Ciudadana, una oenegé de derecha, pregona el respeto a las leyes, la institucionalidad y el estado de Derecho.

De apelar esta condena, que ejecuta el Juzgado Primero de Lo Mercantil de San Salvador, Sáenz Marinero demostraría que no está de lado de la legalidad como lo ha querido demostrar, pese a que hace más de un año pidió recusar a tres magistrados de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema, como medida para evitar que el banco Davivienda devolviera lo embargado.

La Corte Plena del órgano Judicial decidió rechazar ese recurso de apelación, con el cual el abogado y autoproclamado defensor de la Constitución y los procesos de ley quería retrasar el proceso en favor de la empresa a la que defiende.

Sáenz Marinero también fue presidente del Centro de Estudios Jurídicos, una organización que presenta propuestas de aspirantes a magistrados de la Corte Suprema, que se dice ser garante de los procesos transparentes en la elección de estos funcionarios judiciales.

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