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La CEL presenta a la justicia más pruebas de la corrupción en El Chaparral durante gobiernos del FMLN

El presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), Daniel Álvarez, entregó este jueves a la justicia, más evidencias que refuerza la acusación por corrupción en el caso de la presa El Chaparral.

Las pruebas fueron presentadas al Juzgado Noveno de Instrucción, en San Salvador, donde se sigue el caso contra el expresidente Mauricio Funes y varios exfuncionarios.

El presidente de la autónoma afirmó que, además de entregar más pruebas contra Funes, también se pidió que se ampliara la investigación a otros hechos irregulares en la gestión de Salvador Sánchez Cerén.

“Exhorto a la Fiscalía General de la República a continuar con las investigaciones en el caso El Chaparral, no solo de la gestión Funes, también pedimos que se investigue la administración del ex presidente Salvador Sánchez Cerén”, manifestó el titular de CEL.

Álvarez añadió que durante la gestión de Sánchez Cerén también se trató de ocultar la corrupción de la administración Funes, y esa es otra de las líneas que la FGR debía investigar.

“Tenemos información de funcionarios de la gestión Sánchez Cerén que intentaron cubrir los actos de corrupción cometidos durante el gobierno del ex presidente Mauricio Funes”, aseguró.

Esta vez, CEL entregó 17 cajas con más de 2 mil folios en cada una. Parte de la documentación presentada es el contrato completo con ASTALDI y un informe actualizado de la energía no generada en la que se dejó de percibir $112,670,990.64 por la pérdida en generación de 1,279.68 Gigavatios Hora (GWh) de energía.

En sus declaraciones, Álvarez detalló que El Chaparral es un proyecto mal ejecutado y que se convirtió en un mecanismo en el cual los gobiernos anteriores saquearon millones de dólares de los salvadoreños.

“Este es un compromiso que tiene el Gobierno del presidente Nayib Bukele, para que los gobiernos del FMLN y ARENA devuelvan lo que se han robado de este proyecto”, afirmó el presidente de CEL.

Por el caso El Chaparral se acusa a Funes Cartagena y a otras personas de malversar fondos públicos, a cambio de recibir $3.5 millones en soborno para favorecer a la empresa italiana ASTALDI, que posteriormente abandonó los trabajos de construcción de la presa.

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