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Magistrados Roberto Argueta y Juan Manuel Bolaños denunciados ante la FGR por negarse a reabrir caso Jesuitas

La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas(UCA) y en Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), presentaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia contra los magistrados de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia(CSJ), José Roberto Argueta Manzano y Juan Manuel Bolaños, por el delito de prevaricato,  debido a su negativa a reabrir el caso del asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras.

La casa de estudios afirma que existen suficientes indicios de que ambos magistrados cometieron ese delito, contenido en el último inciso del artículo 310 del Código Penal. “El juez que por negligencia o por ignorancia inexcusable dictare sentencia manifiestamente injusta, será sancionado con prisión de dos a cuatro años”, sostiene en un comunicado divulgado esta tarde.

Según la UCA, los magistrados habrían incurrido en prevaricato porque, entre otros motivos,  “para negar la reapertura del Caso Jesuitas, en su decisión sobre la casación ilegalmente solicitada por los militares acusados, omitieron completamente, por negligencia o ignorancia inexcusable,  cualquier referencia a la sentencia definitiva de la inconstitucionalidad 44-2013 Ac”, emitida por la Sala de lo Constitucional en la que declaró esta y otras masacres como crímenes de lesa humanidad, por lo que no prescriben al anular una ley de amnistía de 1993.

La Sala de lo Penal resolvió tres recursos de casación a favor de los vinculados al crimen, incluido el expresidente Alfredo Félix Cristiani que gobernó El Salvador entre junio de 1989 y mayo de 1994, el pasado 8 de septiembre, sin embargo, uno de esos fallos se dio a conocer el 29 de octubre.

En dicha resolución se ordenaba el cierre de la causa contra los autores intelectuales, misma que en 2017 reabrió un juzgado de Paz y cuya decisión apoyó una corte de apelaciones.

«Esta denuncia es la primera acción legal que se emprende con el propósito de que se corrijan los retrocesos observados en la implementación de la justicia transicional en El Salvador. El próximo año se emprenderán otras acciones más, a nivel nacional e internacional», concluye la misiva.

Tras recibir la solicitud del Ministerio Público, el órgano Legislativo debe formar una comisión especial para que dictamine si existen los elementos para que los jueces sean desaforados y enfrenten el proceso penal. Solo se necesitan 43 votos de los 84 diputados para retirar la inmunidad.

El 16 de noviembre de 1989, un escuadrón del batallón elite Atlacatl del Ejército asesinó a los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno, y al salvadoreño Joaquín López. También a Elba Ramos y su hija Celina Ramos, colaboradoras de los religiosos.

Los señalados por los asesinatos son el expresidente Alfredo Cristiani, los generales Humberto Larios, Juan Bustillo, Francisco Elena Fuentes, Humberto Larios y Juan Orlando Zepeda, el fallecido René Emilio Ponce y el coronel Inocente Orlando Montano, recientemente condenado en España.

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