Política

Secretario jurídico niega que presidente prohiba diálogo con Asamblea Legislativa

El secretario jurídico Conan Castro, aseguró que el Gobierno buscará consensos con la Asamblea Legislativa para establecer herramientas legales mutuas que permitan gestionar la pandemia en el país.

El secretario jurídico de la presidencia, Conan Castro, negó este martes que el presidente de la república, Nayib Bukele, haya prohibido a funcionarios de Gobierno entablar diálogo con los diputados de la Asamblea Legislativa, en medio de la crisis política derivada de la pandemia por COVID-19. Castro aseguró que buscarán conversaciones con partidos políticos para lograr puntos en común mientras continúe en vigencia el decreto 32 del Ejecutivo.

«No, por el contrario, vamos a buscar los acuerdos necesarios Nosotros estamos comprometidos con la población de llegar para garantizar realmente ese derecho a la salud y vamos a buscar esto. Esto no es una negociación, quiero aclararlo, y si en algún alguien o ha dicho, no se trata de ir a negociar con la Asamblea, se trata de buscar acuerdos necesarios», dijo el secretario jurídico en la entrevista matutina de Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña (TCS).

No obstante, el funcionario expresó que la parte del Gobierno quedó desencantada con las reuniones de hasta seis días continuos con la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, mientras se discutía una Ley Nacional de Emergencia con la implementación de una cuarentena domiciliar obligatoria con 15 días de duración, una petición «no negociable» del Gobierno. Los encuentros surgieron tras una resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que pidió consensos a favor de la población salvadoreña entre el Ejecutivo y Legislativo.

«Hacer una tercera vez con 12 días ahorita de tiempo para ponernos de acuerdo, es difícil», dijo Castro.

De las negociaciones surgió el decreto 661, que contiene la “Ley especial de emergencia por la pandemia covid-19, atención integral de la vida, la salud y reapertura de la economía”, donde los artículos 16 y 17 conforman las fases de apertura gradual, e indican que los cambios en las fases de apertura económica se harán por decreto legislativo.

La normativa fue rechazada por Nayib Bukele, pero el veto fue superado por la Asamblea Legislativa. Ante esto, el mandatario envió el decreto a la Sala de lo Constitucional, que admitió la controversia el pasado 23 de julio. Bukele justificó la inconstitucionalidad en los artículos 16 y 17 de la mencionada ley, ya que invaden las competencias del Ministerio de Salud (MINSAL), debido a que se prevé la reapertura económica sin tomar en cuenta los criterios técnicos y potestades de dicho ente.

Ante la posibilidad de que los magistrados resuelvan la controversia, Castro dijo: «No sé qué puedan resolver, pero lo tiene la Sala. (…) El tema es que las fechas que establece el 661 ya pasaron, entonces sería un poco incongruente y no sé si la Sala dentro de sus potestades que establece su sentencia pueda hacer modificaciones al decreto, lo cual, hasta donde yo entiendo, de ninguna manera puede hacerlo. Entonces tendría que avalar esas fechas y ya pasaron».

Código de Salud continúa vigente como herramienta del Ejecutivo

El secretario jurídico expresó que el Código de Salud es una normativa jurídica que continúa vigente e indica que el Gobierno central, a través del Ministerio de Salud (MINSAL), «es el garante» y responsable de defender la vida de los salvadoreños ante la emergencia sanitaria derivada por la COVID-19.

«El Código de Salud y toda ley o normativa que no ha sido expulsada del ordenamiento jurídico se presume de su constitucionalidad, por lo tanto es vigente y debe de acatarse: es algo ad hoc que se creó en su momento para enfrentar este tipo de situaciones, como una pandemia», explicó Castro en su intervención televisiva.

Casto recordó que el artículo 58 de dicha legislación determina el papel del MINSAL, por lo que espera que la Sala de lo Constitucional no retire estas atribuciones. «Si el Código de Salud violenta la Constitución entonces declárenlo inconstitucional, mientras no sea declarado inconstitucional es aplicable, es derecho positivo», aseveró Castro.

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