COVID-19Política

Ejecutivo solicita Estado de Excepción de 15 días a la Asamblea Legislativa

El Consejo de Ministros del Gobierno de Nayib Bukele solicitó un Estado de Excepción y nueva cuarentena de 15 días de duración para evitar contagios de COVID-19.

El Consejo de Ministros del Gobierno de Nayib Bukele presentó este miércoles por la tarde una propuesta de decreto de Régimen de Excepción, y una nueva cuarentena domiciliar obligatoria de quince días de duración, a la Asamblea Legislativa, con el fin de controlar los contagios de COVID-19 en el territorio nacional.

El asesor jurídico de la presidencia, Javier Argueta, declaró a la prensa nacional que el Gobierno solicita a la Asamblea que se restrinjan tres garantías constitucionales por 15 días: libertad de reunión, la libertad de tránsito y la libertad de inamovilidad de residencia. 

Para argumentar estas restricciones, el jurista presentó cuatro piezas a los parlamentarios que consisten en un acta del Consejo de Ministros donde se valora el Régimen de Excepción, el proyecto del Régimen, un análisis del Ministerio de Salud (MINSAL) sobre posibles escenarios si no se impone una cuarentena y una exposición sobre la suspensión de las garantías constitucionales.

«El Órgano Ejecutivo necesita 15 días exactos para que las personas que están contagiadas se curen y que podamos eliminar, en un alto porcentaje, el virus. No necesitamos 12, no necesitamos 10; necesitamos 15 días», dijo el abogado en una intervención a la prensa.

La solicitud se presenta un día después que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) respondiera a una carta abierta enviada por el presidente de la república, Nayib Bukele, donde solicitaba que le «devolvieran» al Gobierno las facultades legales para atender la pandemia de COVID-19.

El máximo tribunal dejó en claro que no puede retornar atribuciones que el Ejecutivo jamás poseyó, con respecto a la limitación de derechos fundamentales. «El órgano Ejecutivo nunca ha tenido facultades para limitar por sí mismo los derechos fundamentales de las personas», dijo el máximo tribunal.

«La reserva de ley para restringir el derecho de las personas, es decir, la exigencia de una ley aprobada por la Asamblea Legislativa y sancionada por la presidencia de la república, es una premisa básica y fundamental que no puede soslayarse. En consecuencia, esta Sala no puede «devolver» una atribución que el órgano Ejecutivo nunca ha tenido en la Constitución vigente», indicó la Sala.

La Sala indicó que, para imponer restricciones fundamentales, es necesario formar una iniciativa de ley consensuada con la Asamblea Legislativa y que respete los parámetros constitucionales y convencionales de razonabilidad, proporcionalidad, estricta necesidad, siempre bajo el control del tribunal.

Ante esto, añadió que la forma en la que deben ser impuestas estas restricciones para proteger el derecho a la vida y salud, «son parte del sistema democrático del país».

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