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Compromiso del Gobierno con la transparencia es «muy endeble», según Acción Ciudadana

La salida de organizaciones sociales del comité supervisor de los $2,000 millones implica una falta de compromiso del Gobierno con la transparencia, según Acción Ciudadana.

El director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, indicó que la salida de las entidades académicas y gremiales del Comité del Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica, establecido para vigilar la utilización de los $2,000 millones, señala un compromiso «muy endeble» del Gobierno central para brindar información y garantizar transparencia en el uso del financiamiento dirigido a la pandemia por COVID-19.

«Vemos una deficiencia en el Gobierno en cuanto al tema de ser transparentes, rendir cuentas, tener acceso a la información y tomar decisiones informadamente. Muchas decisiones parecen que han sido tomadas por un político y no por un experto en salud pública, por ejemplo. Eso también se puede ver en el tema económico que no tiene que ver solo la gran empresa, sino los micro empresarios… Al final esto demuestra el compromiso del Gobierno con la transparencia es muy endeble», dijo Escobar en una entrevista vía Skype con Radio 102nueve.

Las entidades que renunciaron son la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN), la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CAMARASAL) y la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), y la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA). En términos generales argumentaron que no existían las condiciones necesarias para cumplir con sus responsabilidades dentro del comité, que consistían en proponer mecanismos y supervisar los fondos que serían utilizados para atender la emergencia del COVID-19.

«El eje democrático el Gobierno lo tiene como su talón de Aquiles. Con la renuncia del comité, se demuestra amplificado este problema del Gobierno de, en primer lugar, la participación ciudadana. Aceptarla como una forma válida de control social, de compartir las decisiones porque, cuando se creó ese comité era en parte, responsabilidad en las decisiones que se fueran a tomar. Al menos tener un asesoramiento técnico desde estas instancias», indicó Escobar.

Ante la crisis política paralela al coronavirus, el abogado indicó que El Salvador enfrenta la problemática sanitaria, las tensiones económicas por la cuarentena nacional que restringe al sector empresarial, así como conflictos con las reglas democráticas.

«Lo que hemos señalado de alguna manera es que el Gobierno no ha logrado equilibrar, cumplir o proteger estos tres ámbitos. (…) Ese cuido a la vida y a la salud no tiene que estar divorciado del Estado de Derecho y las reglas democráticas. Y obviamente se tiene que meter en la discusión el que la sostenibilidad económica del país porque ya podemos ver que han habilitado que los contadores públicos puedan ejercer su carrera, sus labores, porque el Gobierno está viendo una disminución mayor de impuestos», reflexionó el director ejecutivo.

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