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Demanda de inconstitucionalidad busca «detener crisis política» por militarización de Bukele

Uno de los ciudadanos que presentó la demanda de inconstitucionalidad contra acciones del Gobierno de Nayib Bukele, Luis Portillo, expresó que la pieza legal se entregó para garantizar la división de poderes en el Estado.

El empresario Luis Portillo, uno de los demandantes que acudió a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para interponer una demanda de inconstitucionalidad contra la plenaria extraordinaria exigida por el presidente Nayib Bukele, calificó de «positiva» la resolución emitida por la entidad judicial que aplicó medidas cautelares para evitar otra militarización de la Asamblea Legislativa (AL) y mayor confrontación entre los órganos Ejecutivo y Legislativo.

«Decidimos poner la demanda, no porque estuviésemos a favor de la Asamblea, sino para garantizar la división de los poderes», detalló Portillo a través de una entrevista telefónica a Radio 102nueve.

El demandante se mostró satisfecho tras conocer la «acelerada» respuesta  con la que la Sala brindo una resolución y las medidas cautelares al director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza, y el ministro de Defensa Nacional, Francis Merino Monroy, además del propio presidente de la república.

Ante la admisión de la demanda, Casa Presidencial emitió un comunicado informando que acatará las medidas cautelares emitidas, aunque no vaya acorde a la resolución realizada por la entidad judicial.

Medidas cautelares 

Dentro de la admisión de la demanda se decretaron las siguientes medidas cautelares como:

  1. El cese de los efectos de la convocatoria girada con el propósito de una sesión extraordinaria en la Asamblea Legislativa, que surgió para que los diputados aprueben los $109 millones que pide el Gobierno para la fase III del Plan Control Territorial, así como cualquier convocatoria relacionada.
  2. Suspender los efectos de cualquier acto o norma que sea consecuencia del acuerdo de convocatoria impugnado.
  3. Ordenar al presidente de la república a que se abstenga de hacer uso de la Fuerza Armada en actividades contrarias a los fines constitucionalmente establecidos y que ponen la forma de gobierno republicano, democrático y representativo, el sistema pluralista y de manera particular la separación de poderes.
  4. Ordenar al ministro de Defensa Nacional y al director de la Policía Nacional Civil (PNC), Francis Merino y Mauricio Arriaza, respectivamente, a que no ejerzan funciones o actividades distintas a las que constitucionalmente y legalmente están obligados.
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