Tribunal pide a la Corte revelar informes de presunto enriquecimiento ilícito de funcionarios a Probidad
IAIP informó que iniciará un proceso de análisis interno a la base de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), “a fin de determinar la existencia de alguna infracción a la misma”.
Impactos: 0
Este martes la Cámara de lo Contencioso Administrativo (tribunal superior judicial que solventa conflictos entre instituciones del Estado, particulares, etc.) absolvió al pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) evidenciar los informes de los procesos de investigación de presunto enriquecimiento ilícito de los funcionarios, seguidos por la Sección de Probidad de la Corte.
Dicha resolución es una respuesta a los magistrados ante los requerimientos del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) para proporcionar el acceso a los documentos a presentantes de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE-ALAC).
La Cámara accedió la demanda de la Corte Plena contra el Instituto y dictaminó suspender la orden del IAIP de que probidad entregue la documentación mientras se pronuncia una sentencia definitiva.
Dicha suspensión será de manera temporal hasta determinar si el IAIP está laborando conforme a la ley. No obstante, los magistrados han advertido que la Constitución de la República les impide revelar dicha información, pues en algunos casos no se encontró culpa o responsabilidad.
Con la mayoría de votos, la Corte Plena decidió no acatar la resolución del IAIP de entregar versiones públicas de los informes elaborados por la Sección de Probidad sobre el presunto enriquecimiento ilícito de funcionarios y exfuncionarios públicos de los casos resueltos durante el 2018.
Sin embargo, la Corte cuestionó que el revelar los informes significaría una violación a la Constitución de la República, y por la facultad que tiene el Órgano, amparado en el Art. 240 de la misma, se mantendrá reservada la información.
El IAIP reaccionó ante la resolución y planteó que el fallo de los magistrados representa “un claro retroceso en la lucha contra la corrupción y el compromiso con la transparencia en El Salvador”.
IAIP informó que iniciará un proceso de análisis interno a la base de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), “a fin de determinar la existencia de alguna infracción a la misma”. También lamentaron que “se cierre el acceso a dicha información por un argumento que se había superado en el año 2015.
