CIDH considera dar seguimiento a la elección del fiscal general

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Este jueves, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) sostuvo una audiencia con representantes del Estado Salvadoreños y de diferentes sociedades civiles para discutir las irregularidades en el proceso de la elección del próximo fiscal general de la república.

Durante la audiencia que se llevó a cabo en Washingthon, Estados Unidos, la presidenta de la CIDH y relatora para El Salvador, May Macaulay, se mostró a favor de que el organismo internacional de seguimiento al proceso a cargo de los diputados de al Asamblea Legislativa.

“Sí estaríamos muy agradecidos y se considera parte de nuestro mandato ejercer seguimiento cercano al proceso, ya sé que falta muy poco pero se podrían hacer las gestiones necesarias para ese fin”, expresó Macaulay.

Durante su intervención, la representante de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Úrsula Indaocochea, denunció la falta de transparencia en el proceso, provocado por el poco acceso público a la información de los perfiles de los candidatos, mientras hizo referencia al caso del exfiscal Luis Martínez, quien hace pocos días fue condenado a cinco años de prisión por divulgación de información confidencial y que además se ha visto implicado en otros casos de corrupción como el “Caso Corruptela” y el “Caso Raiss-Martínez”.

“No hay máxima transparencia y publicidad, ni debate ni deliberación públicos, no hay criterios objetivos ni mecanismos formales de la participación de la sociedad civil” y, en la elección de fiscal general, está “casi absolutamente falta de regulación”, indicó Indaocochea.

De igual manera, el representante del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) Aranau Baulenas, exigió que el Estado debe regular las elecciones de segundo grado acorde a las normativas internacionales, mientras pidió que se haga un seguimiento cercano al proceso por medio de una solicitud formal de acceso a la información.

Por su parte, el representante de la Fundación para Estudios de la Aplicación del Derecho (Fespad), Kerlin Belloso, destacó la importancia de al voluntad política del próximo titular de la Fiscalía General de la República para que los avances de la lucha contra la corrupción continúen.

“Esos avances para que sigan dependen de la voluntad política del fiscal general, varios de los perpetradores son funcionarios o diputados que tienen posibilidades para influir para detener estos avances”, aseveró Belloso.

Esta postura fue secundada por el  la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), Jaime López, quien agregó que: “En general se reconoce que se están realizando investigaciones de alto perfil, se han abierto procesos judiciales y al menos se ha logrado la condena de un expresidente… El desafío de esta elección consiste en continuar fortaleciendo a la institución frente a la corrupción”.

La reunión contó con la presencia del embajador del Estado de El Salvador ante la OEA, Carlos Calles; la directora general de derechos humanos de la Cancillería, Tania Camila Rosa; y directora de sistemas internacionales de protección de Cancillería, Gloria Martínez.

Camila Rosa explicó que ha habido exposición pública del proceso, citando las entrevistas a los 33 candidatos que realizaron los miembros de la subcomisión especial del parlamento, en los cuales no hubo el interés esperado, dado que el acceso estuvo abierto tanto a la ciudadanía como a los medios de comunicación.

De igual modo, Martínez hizo énfasis en que la elección se ha centrado en la idoneidad para el cargo que presentan los aspirantes, tomando en cuenta que en el listado están incluidos un exfiscal general, un exmagistrado, el presidente del Tribunal de Ética Gubernamental, abogados y el actual fiscal general.

“Reconocemos que quien sea electo para asumir el cargo enfrentará retos y desafíos asociados a la lucha contra la impunidad, contra la corrupción, el crimen organizado y que existe un importante precedente con la condena reciente dictada contra un exfiscal general”, aseveró Martínez