Estados Unidos sanciona a la primera dama y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo
El gobierno de Trump también sancionó al asesor de seguridad nacional del presidente Daniel Ortega, Néstor Moncada.
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El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, emitió este martes una orden ejecutiva para sancionar económicamente a las autoridades nicaragüenses por participar en abusos a los derechos humanos, en el retroceso democrático en el país centroamericano y suponer una “amenaza contra la seguridad nacional”.
Esta es la tercera ronda de sanciones por parte del Gobierno norteamericano contra Nicaragua, no obstante, esta supone un incremento en las presiones contra el gobierno de Daniel Ortega, ya que en esta ocasión, entre los funcionarios sancionados se encuentran la esposa del mandatario y vicepresidente, Rosario Murillo, y su asesor de seguridad nacional, Néstor Moncada.
“Yo, Donald Trump, como presidente de Estados Unidos, considero que la situación en Nicaragua (…) constituye una extraordinaria e inusual amenaza para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos y, por tanto, declaro una emergencia nacional para lidiar con esta amenaza”, se lee en la orden ejecutiva firmada por el mandatario republicano.
Debido a estas sanciones, los bienes y activos de Moncada y Murillo que se encuentren bajo jurisdicción de EE UU han sido bloqueados, mientras que personas y entidades estadounidenses tienen prohibido hacer negocios con ellos. Washington adoptó la misma calificación de “amenaza para la seguridad nacional” respecto a Venezuela en la etapa final del Gobierno de Barack Obama y la Administración de Trump la ha mantenido.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, ambos funcionarios fueron elegidos como objetos de estas sanciones por “estar involucrados en abusos a los derechos humanos o actos de corrupción en Nicaragua”, por lo que decidieron impedir que estos accedan al sistema financiero estadounidense para obtener ganancias “a costa del pueblo nicaragüense”.
Asimismo, el gobierno norteamericano justifica su decisión en que “el sistemático desmantelamiento de las instituciones democráticas y del Estado de derecho por parte del régimen de Ortega, su uso de la violencia indiscriminada y de tácticas represivas contra civiles y la corrupción que ha llevado a la desestabilización de la economía nicaragüense”.
