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Según la UCA, FGR quiere policía para proteger a exfiscales y no un grupo de investigación

La Universidad Centroamericana (UCA) en su editorial de este lunes confirma que la Fiscalía General de la República (FGR) necesita de reformas, pero no las que quiere el fiscal general de la República, Raúl Melara.

La UCA resalta que la elección de Melara fue un nombramiento político y que la institución tiene grandes deficiencias en la investigación y sobre las pocas condenas que consiguen en los tribunales, por lo que impera la impunidad por el centralismo autoritario, como también la mala relación que la FGR tiene con la Policía Nacional Civil (PNC) en casos de suma importancia.

De igual forma, la tendencia a aceptar sin crítica la información policial sobre delitos sin mayor repercusión social, son algunas de las múltiples deficiencias de la institución. Sin embargo, la propuesta de reforma presentada por el fiscal general no solo es incompleta, sino que entraña peligros para el respeto a los derechos humanos.

Según la UCA, la jerarquía en la institución da muy poco margen a la autonomía de los procedimientos internos: el Tribunal Fiscal y la Inspectoría tienen una exagerada dependencia del fiscal general y, más aún, los responsables de áreas especializadas. En la propuesta de reforma, simplemente se reafirman estos errores.

En esa misma línea se dice que si bien la mejora de la investigación fiscal es indispensable, la idea de crear el Cuerpo Técnico de Investigación Criminal no apunta a otra cosa que a una policía alternativa. En vez de ser un cuerpo de investigadores especializados, la propuesta los caracteriza como simples policías, adaptados y obedientes al mandato de los fiscales e incluso con posibilidad de acciones encubiertas.

Pese a que una de las debilidades más marcada de la Fiscalía está en la investigación compleja, no solucionará nada crear un grupo dotado de armas de guerra y que, además, se encargará de proteger a los ex fiscales generales. Por esto último, este grupo parece más una Guardia de Corps que un grupo de investigación.

En el editorial, la UCA también advierte la pretensión del fiscal general de subir a tres años el plazo de imposición de medidas, pero se pregunta : ¿quién va a indemnizar a los que resulten inocentes y hayan estado tres años presos? ¿Será que el fiscal general va a indemnizar a los que resulten inocentes?, Por lo que la pronta justicia como mandato constitucional, no parece interesarle en absoluto a la FGR.

Por lo cual, la UCA hace un llamado a la Asamblea Legislativa a que sea sensible a los derechos constitucionales sobre las “disparatadas” reformas a la Ley de la Fiscalía que se están proponiendo.

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