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Defensores en caso Luis Martínez denuncian que FGR busca un juez que acepte pruebas ilícitas en el proceso

El abogado Hernán Cortez, defensor particular del acusado Héctor Francisco Grimaldi, señaló a la Fiscalía de la suspensión de la audiencia el pasado jueves donde se iba reiniciar el juicio contra su cliente, así como también contra el ex fiscal general Luis Martínez y el ex director de intereses del estado de la FGR, Julio Arriaza.

Según Cortez, la Fiscalía se ha quedado sin argumentos para acusar a su cliente ya que las pruebas que presentó están basadas en escuchas que son ilegales, no sólo porque agotó el plazo para ser utilizadas judicialmente, sino especialmente porque en el curso del proceso se comprobó que fueron ilegalmente autorizadas en virtud de solicitudes contrarias a la verdad, del exdirector del centro de escuchas, Sigfrido Alcides Campos y no controladas debidamente por el Juez 7º de Instrucción de San Salvador, que las avala en “automático.”

A raíz de esa ilegalidad, la “Fiscalía intenta una nueva acción contraria al debido proceso”, pues pretende que los testigos “sin rostro” (con régimen de protección) y el testigo con criterio de oportunidad, clave “TROYA” declaren bajo la modalidad de “anticipo de prueba”, denunció.

Esta sería otra acción cuestionables “cuando nos encontramos ya en la etapa de la celebración de la vista pública y lo que corresponde es que se inmedie la prueba, para que las declaraciones que han sido brindadas, sin participación de los acusados y esta defensa, pueda ser confrontada y allí será el verdadero juicio de valor sobre su credibilidad o no”, agregó el abogado.

Sin embargo, para Cortez, la Fiscalía no está ejerciendo debidamente la función que le corresponde, que es que se alcance un resultado justo con un debido proceso, y más bien se ha convertido en un “acusador a ultranza” que intenta valerse de cualquier vacío legal, tecnicismo, o saltarse procedimientos “alterando o falseando la realidad con pruebas ilegales”.

El defensor de Grimaldi señala que la FGR “ha llegado al grado que, en pleno desarrollo del juicio interpone una denuncia ante Investigación Judicial contra la Jueza 3º de Sentencia, que ventila el caso, porque no les resuelve favorablemente su petición de que los testigos declaren en anticipo de prueba.

Ahora, la jueza se excusa de conocer debido presuntamente a la denuncia de Fiscalía, dijo el abogado, quien espera que la decisión no sea a causa de presiones contra autoridades judiciales como las ocurridas cuando Douglas Meléndez fungía como fiscal general, las que eran ejercidas por directores y jefes fiscales, pero sobre todo por su primo hermano y ex jefe de Crimen Organizado, Wil Walter Ruíz, “gestor de esta persecución ilegal contra mi cliente», apuntó el abogado.

Aseguró Cortez que los atrasos en el juicio se deben a las acciones de la Fiscalía y se pregunta por qué la FGR no quiere que los testigos declaren en el juicio, cuando es el momento procesal oportuno para hacerlo. “Esos testigos no son capaces de sostener todas las mentiras que declararon en distintas etapas de la investigación y de la instrucción, en las que no se permitió participar a la defensa, a pesar que de esas declaraciones se emitieron inclusive órdenes de detención ilegales y arbitrarias en esta causa penal. Y a la fecha, la actitud fiscal sigue siendo vedarle a la defensa y a los acusados el legítimo derecho de mediar y controvertir la prueba en juicio oral y público”, denunció.

El abogado se refirió al caso del testigo clave TROYA, del que se sabe -pese a que Fiscalía nunca lo ha querido reconocer- que es un testigo criteriado, pero del que la defensa desde octubre de 2017 en que se supone, se materializó el criterio de oportunidad, no ha contado con la información de qué juez lo otorgó y ni ha tenido oportunidad para demostrar las contradicciones en que incurre el testigo.

La FGR también usa a dicho testigo en contra de su cliente en otro proceso, cambiándole únicamente su nombre al de clave GRECIA, dijo Cortez, y agregó que toda la información de este testigo fue ocultada a la defensa por el Juez 8º de Instrucción de San Salvador, Mario Mira Montes.

“Es triste ver que la Fiscalía no está por llegar a la verdad de los hechos, sino por ocultar que el ex fiscal Meléndez junto con los fiscales auxiliares Wil Walter Ruiz, Mayra Raquel Guerra, Xenia Lizeth Linares, Liliana Jovel, Luis Montes Pacheco y Julio César Larrama montaron con prueba ilícita este proceso para perjudicar a varias personas, incluyendo a mi cliente. Es decir que el único fraude procesal que se va a demostrar en el juicio es el que estos fiscales cometieron para tener procesados durante todo este tiempo, de forma injusta a personas a quienes les han dañado su vida y su reputación profesional”, lamentó el abogado.

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