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Cuestionan a Magistrados de la Sala de lo Penal, por anular el proceso en el caso “Jesuitas”

Diferentes críticas continúa generando la decisión de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, de anular el proceso penal por el asesinato de los padres Jesuitas y dos de sus colaboradoras.

El exrector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA y director del IDHUCA, José María Tojeira cuestionó la decisión de la sala. “Seguimos con los oscuros magistrados (Juan Manuel) Bolaños y (Roberto) Argueta. Consagran la impunidad en el caso jesuita, se burlan de la sentencia de inconstitucionalidad de la amnistía y anuncian: Si masacran no se preocupen; Si hay poder y plata lo arreglamos en Sala de lo Penal”.

En la sentencia, los magistrados de la sala declaran la “nulidad absoluta” del proceso penal y dejan firmes “los sobreseimientos definitivos y los efectos jurídicos que fueron dictados originalmente a favor de los imputados en el presente proceso por razones de prescripción”.

Con ello los militares involucrados y personajes señalados en la masacre, quedan eximidos de toda responsabilidad penal en el país por el crimen ocurrido el 16 de noviembre de 1989.

Recientemente la Audiencia Nacional Española, condenó all entonces Viceministro de Seguridad Pública, Inocente Orlando Montano a más de 130 años de cárcel por la muerte de los sacerdotes Jesuitas. Durante el juicio, el exmilitar salvadoreño declaró que el ahora diputado Rodolfo Parker, abogado defensor de los militares, alteró pruebas que incriminaban a los autores intelectuales y materiales del crimen, con el fin de protegerlos.

El exProcurador de Derechos Humanos, David Morales, también cuestionó la decisión de los magistrados de la Sala de lo Penal, la que calificó de “infamia repudiable”, asegurando que se violentó el derecho internacional y la jurisprudencia constitucional.

“Los Magistrados Bolaños y Argueta se pusieron a la altura de las infames sentencias de la década de los 80’s, han violado los Derechos Humanos, los tratados internacionales y la Constitución. Podrían haber incurrido en responsabilidad penal, no deben quedar impunes, como los generales que han protegido”. Publicó Morales en sus cuentas de redes sociales. 

El Magistrado Roberto Argueta es cuestionado por sus supuestos vínculos con sectores de poder económico en el país y en 2018 fue demandando penalmente por su intermediación en la compra de un terreno de la cooperativa El Espino, donde se construyó un complejo de apartamentos, propiedad de una empresa offshore con sede en Panamá, cuyo representante legal es el empresario Adolfo Salúme.

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