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Reformas a la Constitución no contemplarían cambios a las cláusulas pétreas

Esta mañana el Gobierno salvadoreño presentó oficialmente al equipo Ad Hoc que llevará a cabo el estudio para proponer reformas a la Constitución de la República, vigente desde 1983.

Dentro de los parámetros de análisis no se contempla reformas a los artículos que prohíben cambios al sistema político, forma de gobierno, derechos fundamentales, tamaño del territorio y la alternabilidad inmediata en el ejercicio de la Presidencia.

Esta comisión está conformada por el Vicepresidente de la República, Félix Ulloa y los juristas: Fabio Castillo, Manuel Escalante, Giovanni Rosales y Adolfo Muñoz

Según el Vicemandatario se busca hacer un estudio integral de toda la Constitución, para analizar su funcionamiento y presentar propuestas apegadas a la realidad actual. “Iniciaremos un proceso de consulta nacional con diferentes sectores de la sociedad civil organizada, con tanques de pensamiento, universidades y salvadoreños en el exterior para que  puedan presentar sus propuestas y aportes en un amplio proceso de consulta.” Apuntó Ulloa. 

De acuerdo a la calendarización anunciada por la comisión Ad Hoc, la propuesta de reforma sería presentada durante el primer año de la legislatura 2021-2024;  si estás son aprobadas, deberán ser ratificadas por la siguiente, es decir por la Asamblea Legislativa que entre en funciones en el año 2024.

El abogado Fabio Castillo aseguró que “Una Constitución no es para la eternidad y no debemos comprometer a las futuras generaciones, por eso considero que debe hacerse una revisión de la misma al menos cada 25 años.”

Entre la dinámica de trabajo de la comisión será la creación de un sitio web, donde todos los salvadoreños tendrán acceso a los documentos y avances en los procesos de estudio. “Vamos a garantizar la transparencia en el análisis de las reformas, nunca lo haremos a puerta cerrada, como han dejado ver algunos sectores.” Agregó el Vicepresidente. 

El anunció oficial de posibles reformas a la Constitución ocurre 41 años después del golpe de Estado contra el General Carlos Humberto Romero, que gobernó el país entre 1977 y 1979.

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