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Mipymes entran a reapertura económica y se suman a grupos que esperan a que diputados desbloqueen fondos

Las medidas preventivas que se implementaron desde marzo para prevenir los contagios del COVID-19 obligaron al cierre temporal de cientos de empresas de todo tamaño.

La reapertura económica comenzó en el país desde las primeras horas del 24 de agosto luego que la Sala de lo Constitucional sentó un precedente para retomar las actividades sin gradualidad ni fases. En estas circunstancias entraron también las mipymes, del sector formal y el informal.

El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CAMARASAL), Jorge Hasbún, advirtió que no todas las empresas recuperarán el mismo ritmo, ni la misma productividad: 9 de cada 10 de los socios entrevistados por la gremial han resultado afectados, según dijo Hasbún durante una entrevista.

“Hay 2,500 patronos menos inscritos en el ISSS, lo que significa menos empleos registrados”, aseguró Hasbún, al tiempo que dijo que «estamos hablando del salvataje de algunos sectores, y la reinvención de otros”.

Cientos de empresarios pasaron muchos meses sin poder operar. Las medidas preventivas que se implementaron desde marzo para prevenir los contagios del COVID-19 obligaron al cierre temporal de cientos de empresas de todo tamaño, con la consecuente reducción en los ingresos esperados. Para poder inyectar liquidez en estas empresas y para proteger el empleo, el Gobierno del Presidente Nayib Bukele diseñó y sometió para aprobación legislativa el Fideicomiso para la Recuperación Económica de las Empresas Salvadoreñas, por unos $600 millones.

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La ley de este fideicomiso ya fue aprobada, además de que cuenta con su comité de veeduría y también con las fuentes de financiamiento. Sin embargo, los diputados han puesto una sucesión de obstáculos para retrasar el desbloqueo de los fondos con los que se respaldará esta figura, que BANDESAL administrará.

En el caso específico de las mipymes, se trata de un préstamo por $250 millones y otros paquetes que vienen en camino, siendo gestionados por el Ministerio de Hacienda (MH). La Asamblea, por el momento, ha puesto pausa indefinida en los dictámenes y la votación de al menos $600 millones que el Ejecutivo ha gestionado.

De hecho, este retraso no solo afecta a las mipymes: también hay paquetes para los agricultores, viveristas, cafetaleros, veteranos y excombatientes de la guerra civil, además de honrar los compromisos adquiridos con los Estados Unidos a través del FOMILENIO II y que son compromisos de Estado.

Sobre la situación, el presidente de la CONAMYPE, Paul Steiner, instó a que se resuelva: “la Asamblea Legislativa no es ente fiscalizador. Deben de dejar que las instituciones hagan su trabajo. Pero las mype ya no aguantan esa política de posverdad”.

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