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Asamblea Legislativa seguirá trabajando con número reducido de empleados

A pesar de la nueva fase de reapertura económica en el país, la Asamblea Legislativa ha decidido mantener un número considerable de empleados en sus hogares para evitar contagios por COVID-19.

El diputado por el Partido de Conciliación Nacional (PCN), Reynaldo Cardoza, afirmó este lunes que la Asamblea Legislativa seguirá operando con un número reducido de su personal con el fin de evitar contagios por el nuevo coronavirus, que ya reporta más de 24 mil contagios confirmados en el territorio nacional.

«Nosotros hemos ampliado un mes más para poder traer a nuestros empleados. Si hemos funcionado, que hemos estado así con pocos empleados, pues vamos a seguir funcionando haciendo el esfuerzo para poder terminar este otro mes que viene sin traer a la gran mayoría», dijo el parlamentario a la prensa nacional.

Este 24 de agosto, el Gobierno central inició una nueva fase de reapertura económica, que incluye la circulación del transporte público que permanecía suspendido desde el 7 de mayo. No obstante, el Congreso salvadoreño ha decidido mantener el teletrabajo en la medida de lo posible a fin de evitar contagios por SARS-CoV-2.

El diputado agregó que hay muchos empleados que se han encargado de digitar decretos, colaboran con técnicos de la Asamblea Legislativa y otras labores administrativas desde sus viviendas. Por lo tanto, no es necesario que se presenten en las instalaciones u oficinas, ya que implicaría un riesgo innecesario.

El domingo 15 de marzo, el presidente de la república, Nayib Bukele, pidió a los ciudadanos mayores de 60 años y mujeres embarazadas permanecer en sus hogares para evitar contraer la COVID-19, ya que son catalogados como población vulnerable ante los efectos de la enfermedad.

La iniciativa la retomó la Asamblea Legislativa, cuando el presidente del órgano de Estado, Mario Ponce, reveló que la administración despachó a 400 empleados con estas características a sus casas. En esa ocasión, el legislador indicó que se aplicó la disposición a 291 personas mayores de 60 años, 91 más con enfermedades crónicas y cinco embarazadas.

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