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Rogelio Rivas: “El sistema de justicia demuestra su compadrazgo con delincuentes de cuellos blanco”

El ministro de Justicia por medio de su cuenta de Twitter escribió: “Trafican armas y evaden impuestos en complicidad con partidos políticos tradicionales”.

El Ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, se pronunció en contra de la decisión del juez Quinto de Paz de San Salvador que determinó que los exministros de la Defensa, David Munguía Payés y Atilio Benítez, así como el expresidente del partido ARENA, Gustavo López Davidson, como también el coronel  Manuel de Jesús Romero, Héctor Abel Herrera Mejía y el general Rafael Melara Rivera, sigan su proceso en libertad condicional.

Todos son acusados de estafar a la Fuerza Armada con una permuta de armas de la institución castrense por más de dos millones de dólares.

El caso pasó a las etapa de instrucción y los imputados retornaron a sus vivienda en horas de la tarde de este jueves, sin que rindieran una fianza económica.

En ese sentido el ministro de Justicia por medio de su cuenta de Twitter escribió: “Trafican armas y evaden impuestos en complicidad con partidos políticos tradicionales”.

De igual forma recalcó: «Caminan de espaldas al honor y fracturan las finanzas del Estado. Para colmo tienen de aliado al sistema de «justicia», que demuestra hoy su compadrazgo con delincuentes de cuello blanco».

La FGR señala que los hechos iniciaron en agosto del 2011 cuando el entonces ministro de Defensa Munguía Payes ordenó que se realizará el informe de reevaluación de material de guerra y de esa forma poder sacar un inventario de armas que se podían incluir en una permuta de tipo subasta. Asimismo lo acusa de haber permitido el vencimiento de la fianza de $2,051,893.00, sabiendo que los obuses no eran funcionales.

Consta en el proceso judicial, que supuestamente en el 2013 cuando el General Benítez tomó el cargo como ministro de Defensa autorizó la formación de una directiva que sirvió de base para regular la permuta tipo subasta,  del material de guerra obsoleto y en mal estado del inventario general de la Fuerza Armada.

Además, lo acusan que adjudicó  la permuta a CENTRUM S.A de C.V,  y que dentro de la subasta incluyeron 2,441 pistolas ametralladoras FMK-3, las que supuestamente no tendrían que haber sido incluidas.

La Fiscalía señala que con el contrato, el Ministerio de la Defensa entregó en calidad de permuta 14,930 armas  de fuego, 27,721 cargadores, así como cartuchos y repuestos de fusil en mal estado, valorado en $2, 051,893.00.

Además, el ministerio público señala que CENTRUM S.A de C.V; entregó obuses M-17, con un sistema de control de tiro y una engrasadora automática a presión.

Sin embargo, la Fiscalía señala que Manuel de Jesús Romero firmó con el representante de CENTRUM S.A de C.V un acta en la que hacían constar que los obuses se encontraban en buen estado, buena calidad y que al parecer no era cierto que las armas no sirvieran.

Mientras que a López Davidson, los señalan como el representante legal y dueño de CENTRUM S.A de C.V, por lo que el ministerio público lo señala de ser el beneficiario directo de la permuta, en la que el Estado salvadoreño salía afectado, porque presuntamente se benefició de armas y municiones del Ministerio de Defensa Nacional y de haber entregado obuses en mal funcionamiento.

Presuntamente los imputados causaron un perjuicio económico al Estado salvadoreño por un monto de $2,706,472.

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