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Instalan audiencia contra Gustavo López Davidson, David Munguía Payes y Atilio Benítez por supuestamente estafar a la Fuerza Armada

La resolución será dada a conocer este jueves a partir de las 2:00 de la tarde. La Fiscalía ha pedido instrucción formal con detención provisional en contra de todos los imputados.

El Juzgado Quinto de Paz de San Salvador realizó este miércoles, la audiencia inicial en contra de los exministros de Defensa Nacional, David Victoriano Munguía Payés y José Atilio Benítez, como también contra el expresidente del partido ARENA, Carlos Gustavo Roberto López Davidson; el coronel  Manuel de Jesús Romero, Héctor Abel Herrera Mejía y contra el general Rafael Melara Rivera, por supuestamente estafar a la Fuerza Armada más de dos millones de dólares.

La resolución será dada a conocer este jueves a partir de las 2:00 de la tarde. La Fiscalía ha pedido instrucción formal con detención provisional en contra de todos los imputados, mientras que los defensores han solicitado al juez medidas sustitutivas en contra de todos los imputados, al considerar que éstos son inocentes.

Según la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR) la investigación se originó en noviembre de 2019, a raíz de una denuncia interpuesta por el actual ministro de Defensa Francis Merino Monroy, por posibles hechos delictivos cometidos por los antiguos ministros.

La FGR señala que los hechos iniciaron en agosto del 2011 cuando el entonces ministro de Defensa Munguía Payes ordenó que se realizará el informe de reevaluación de material de guerra y de esa forma poder sacar un inventario de armas que se podían incluir en una permuta de tipo subasta. Asimismo lo acusa de haber permitido el vencimiento de la fianza de $2,051,893.00, sabiendo que los obuses no eran funcionales.

Consta en el proceso judicial, que supuestamente en el 2013 cuando el General Benítez tomó el cargo como ministro de Defensa autorizó la formación de una directiva que sirvió de base para regular la permuta tipo subasta,  del material de guerra obsoleto y en mal estado del inventario general de la Fuerza Armada.

Además, lo acusan que adjudicó  la permuta a CENTRUM S.A de C.V,  y que dentro de la subasta incluyeron 2,441 pistolas ametralladoras FMK-3, las que supuestamente no tendrían que haber sido incluidas.

La Fiscalía señala que con el contrato, el Ministerio de la Defensa entregó en calidad de permuta 14,930 armas  de fuego, 27,721 cargadores, así como cartuchos y repuestos de fusil en mal estado, valorado en $2, 051,893.00.

Además, el ministerio público señala que CENTRUM S.A de C.V; entregó obuses M-17, con un sistema de control de tiro y una engrasadora automática a presión.

Sin embargo, la Fiscalía señala que Manuel de Jesús Romero firmó con el representante de CENTRUM S.A de C.V un acta en la que hacían constar que los obuses se encontraban en buen estado, buena calidad y que al parecer no era cierto que las armas no sirvieran.

Mientras que a López Davidson, los señalan como el representante legal y dueño de CENTRUM S.A de C.V, por lo que el ministerio público lo señala de ser el beneficiario directo de la permuta, en la que el Estado salvadoreño salía afectado, porque presuntamente se benefició de armas y municiones del Ministerio de Defensa Nacional y de haber entregado obuses en mal funcionamiento.

Presuntamente los imputados causaron un perjuicio económico al Estado salvadoreño por un monto de $2,706,472.

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