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MINSAL no recomienda reactivar la circulación del transporte público

El ministro de Salud, Francisco Alabí, indicó que el trasporte público tendría la posibilidad de circular desde el 24 de agosto, pero no es lo recomendable por el riesgo de contagio.

El titular del Ministerio de Salud (MINSAL), Francisco Alabí, indicó este lunes que el sistema de transporte público podría operar desde el 24 de agosto, un día después de que finalice el efecto del decreto ejecutivo 32 declarado como inconstitucional por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Empero, el funcionario dejó en claro que reactivarlo no es lo idóneo.

«Pues, no es lo recomendable, pero en ese momento ante no haber la existencia de otra normativa se implementaría el transporte, pero con las recomendaciones del ministerio. (…) El 23 de agosto queda sin efecto este decreto ejecutivo 32 y la población queda con la libertad de decidir, pero eso no quiere decir que (como Ministerio) nos desligamos de la pandemia», dijo Alabí en una entrevista matutina de TCS.

La reactivación del transporte público ha sido uno de los puntos de mayor discusión durante la pandemia por su alto nivel de aglomeración de pasajeros y espacios reducidos que permitirían que el virus SARS-CoV-2 se propague con mayor facilidad. Con esta premisa, el Gobierno prohibió su circulación desde el 7 de mayo por orden del decreto ejecutivo 22, que también fue rechazado por la cámara constitucional por restricción de derechos sin aval de la Asamblea Legislativa.

Con el Plan de Recuperación Económica contenido en el decreto 32, este servicio reiniciaría con la implementación de la fase II, que permitiría actividades relativas a los centros de llamadas (call centers), bienes raíces, industria del plástico, restaurantes y cafetines, así como industria del calzado, cosmética y manufactura. También se incluía escuelas de aviación, industrias creativas, de papel y cartón, servicios profesionales y empresariales.

Sin embargo, los magistrados de la Sala de lo Constitucional refirieron que una regulación como la contenida en dicho decreto (por ejemplo, la prohibición de que todas las personas salgan de sus hogares a trabajar hasta que no llegue el día que les corresponde salir según la fase de reapertura económica respectiva), que conlleva  la suspensión de derechos constitucionales, solo puede ser producto de un decreto emitido por la Asamblea Legislativa que contenga un régimen de excepción.

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