Política

Gobierno extiende fase I de reapertura económica hasta 23 de agosto

El MINSAL reformó la pieza ejecutiva 32, declarada inconstitucional por la Sala de lo Constitucional, con un nuevo decreto 33 que establece la extensión de la fase I de reapertura económica.

El titular del Ministerio de Salud (MINSAL), Francisco Alabí, anunció este sábado que reformó el artículo 9 del decreto ejecutivo 32, mediante un nuevo decreto 33, ante la declaración de inconstitucionalidad de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) informada en resolución del pasado 7 de agosto.

La nueva pieza establece el 23 de agosto como la nueva fecha en la que se ejecutará la fase II del reinicio económico nacional, como una extensión de la vigencia de la fase I del «Plan de Reapertura de la Economía: Hacia una nueva normalidad». En primera instancia, el Ejecutivo había establecido el 20 de agosto como inicio de la segunda etapa de reapertura.

«Las providencias de la Sala de lo Constitucional y la omisión de la asamblea Legislativa, que devienen en situaciones que perjudican la garantía de los derechos de la vida y a la salud de los salvadoreños en lo relativo al combate de la pandemia, así como la necesidad de acatar la «modulación» establecida por la Sala de lo Constitucional en la resolución de que declara inconstitucional el decreto 32, resulta necesario que el Ministerio de Salud emita una reforma al decreto que comento, que se adapte al contenido de dicha resolución y procure maximizar la protección de los derechos a la salud», se lee en el documento.

El viernes la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional el decreto ejecutivo 32 emitido por el Gobierno central, que contiene las fases de reapertura económica ante la pandemia por COVID-19. No obstante, no señaló como inconstitucionales las etapas del plan de reinicio de actividades como tales, sino la restricción de derechos sin aval de la Asamblea Legislativa.

«En efecto, una regulación como la contenida en dicho decreto (por ejemplo, la prohibición de que todas las personas salgan de sus hogares a trabajar hasta que no llegue el día que les corresponde salir según la fase de reapertura económica respectiva), es decir, la suspensión de derechos constitucionales, solo puede ser producto de un decreto por medio del cual la Asamblea Legislativa autorizara un régimen de excepción», indicó la cámara constitucional en una resolución.

Sin embargo, la Sala indicó que esto no significa que un proceso o protocolo de reactivación económica gradual no pueda ser regulado de forma autónoma. Por esta razón reiteró que correspondería a la Asamblea Legislativa emitir una normativa que contemple dichas medidas, ya que tratándose de limitación de derechos, es el ente que por Constitución tiene dicha competencia.

«El Ministro de Salud ha interferido en la competencia que corresponde a la Asamblea Legislativa, pues, en realidad, lo que hace el establecimiento de las fases de la reapertura económica es impedirles, obstaculizarles o prohibirles a las personas el ejercicio del trabajo y de ciertas libertades, como la de tránsito, económica, etc.», aseveró la Sala.

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