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Francisco Alabí: “Las decisiones sobre la pandemia deben ser basadas en evidencia científica”

El titular de Salud expresó que declarar inconstitucional el decreto 32 los deja en una posición muy vulnerable. “La salud no es un juego”, agregó.

La decisión de la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de declarar inconstitucional el Decreto Ejecutivo 32, referente al Plan de Reapertura Económica generó indignación al ministro de Salud, Francisco Alabí, quien mencionó que no están dadas las condiciones sanitarias para abrir de una vez la economía, con ello lo que ocurrirá es una mayor exposición de la población al virus.

“Las decisiones sobre la pandemia deben realizarse basadas en evidencia científica y priorizando la vida de los salvadoreños”, expresó Alabí en su cuenta oficial de Twitter.

El titular de Salud expresó que declarar inconstitucional el decreto 32 los deja en una posición muy vulnerable. “La salud no es un juego” ,agregó el ministro.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional el decreto ejecutivo 32 emitido por el Gobierno central, que contiene las fases de reapertura económica ante la pandemia por COVID-19. No obstante, no señaló como inconstitucionales las etapas del plan de reinicio de actividades, sino la restricción de derechos sin aval de la Asamblea Legislativa.

«En efecto, una regulación como la contenida en dicho decreto (por ejemplo, la prohibición de que todas las personas salgan de sus hogares a trabajar hasta que no llegue el día que les corresponde salir según la fase de reapertura económica respectiva), es decir, la suspensión de derechos constitucionales, sólo puede ser producto de un decreto por medio del cual la Asamblea Legislativa autorizara un régimen de excepción», indicó la cámara constitucional en una resolución.

La Sala indicó que un proceso o protocolo de reactivación económica gradual no pueda ser regulado de forma autónoma. Por esta razón reiteró que correspondería a la Asamblea Legislativa emitir una normativa que contemple dichas medidas, ya que tratándose de limitación de derechos, es el ente que por Constitución tiene dicha competencia.

«El Ministro de Salud ha interferido en la competencia que corresponde a la Asamblea Legislativa, pues, en realidad, lo que hace el establecimiento de las fases de la reapertura económica es impedirles, obstaculizarles o prohibirles a las personas el ejercicio del trabajo y de ciertas libertades, como la de tránsito, económica, etc.», aseveró la Sala.

A mitad de junio, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley especial de emergencia por la pandemia COVID-19, atención integral de la vida, la salud y reapertura de la economía. La ley contemplaba una emergencia nacional en todo el territorio por un plazo de 15 días, así como las medidas para cuidar la salud de los salvadoreños frente a la pandemia por COVID-19, pero fue vetada por el presidente de la república, Nayib Bukele.

En el plan el Gobierno Central establece que la apertura de la economía se haría en cinco fases: la primera, actualmente en desarrollo; la segunda prevista para el 20 de agosto, la tercera fase el 4 de septiembre, la cuarta fase el 19 de septiembre y la quinta fase el 4 de octubre.

Sin embargo, la Sala ordena que se abra de una vez la economía el próximo 23 de agosto e instruye al Ejecutivo a que formule, en 15 días previos a esa fecha, los protocolos sanitarios auténticos para garantizar la salud de la población.

La pandemia está en fase 3 lo que significa que hay circulación del virus en todo el territorio y el riesgo de contagios masivos es alto, sobre todo, al entrar en funcionamiento el transporte público de pasajeros.

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