Política

Solicitan establecer nuevas CICIES a través de la ONU

En total fueron cinco organizaciones las que hicieron la petición ante la Asamblea Legislativa.

Cinco organizaciones de la sociedad civil enviaron una carta al presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, para proponer la creación de una nueva Comisión Internacional Contra la Impunidad y la Corrupción en El Salvador (CICIES) independiente, a través de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El Salvador cuenta actualmente con una CICIES respaldada por la Organización de Estados Americanos (OEA), pero «con limitaciones de competencia y autonomía para investigar la corrupción al estar supeditada al Órgano Ejecutivo», manifestaron las asociaciones a través de un comunicado.

Cristosal, Asociación Azul Originario (AZO), Los Siempre Sospechosos de Todo, Transparencia, Contraloría Social y Datos Abiertos (Tracoda) y Líderes Solidarios y Voluntarios de El Salvador, entregaron el anteproyecto de la «Ley marco para el establecimiento de acuerdo de cooperación con la Organización de Naciones Unidas para la Constitución de la CICIES».

La misiva enviada al congreso salvadoreño señala que el Ejecutivo ha recibido una autorización para negociar deuda por más de $3,000 millones en el marco de la emergencia; además del permiso de reorientar fondos del presupuesto de 2020 y habilitar el mecanismo de compra directa, suspendiendo los procedimientos de la ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).

En este contexto, afirman, «es fundamental garantizar el uso de dichos fondos, sin permitir prácticas de corrupción».

La OEA dispone de un grupo de 30 auditores para la emergencia en El Salvador; sin embargo, el comisionado de la Cicies, Ronalth Ochaeta, explicó que se limitarán a formular «recomendaciones para el fortalecimiento institucional sobre la calidad, efectividad y legitimidad en el gasto público, derivado de la situación de emergencia sanitaria”.

La Cicies, en palabras de Ochaeta, no tiene “intervención directa” en los casos de corrupción en El Salvador, y se limitaría a brindar asistencia técnica a la Fiscalía General de la República (FGR) “por restricciones constitucionales”.

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