Política

Presidente Bukele vetará Ley de Reconciliación por considerarla «amnistía disfrazada»

La polémica Ley de Reconciliación creada y aprobada por la Asamblea Legislativa enfrentará el veto del presidente Nayib Bukele, a horas de terminar el plazo para establecer una nueva legislación que atienda a las víctimas del conflicto armado.

El presidente Nayib Bukele declaró al término del miércoles que vetará la recién aprobada Ley de Especial de Justicia Transicional Reparación y Reconciliación Nacional, creada por la Asamblea Legislativa para la aplicación de justicia contra delitos ocurridos durante la guerra civil, por considerarla una «amnistía disfrazada» que no respeta los derechos de las víctimas del conflicto armado.

«¡VETO! La Presidencia de la República no sancionará ninguna ley que no contenga 3 elementos fundamentales para que sea justa y constitucional: 1. Verdad 2. Reparación 3. Justicia El proyecto de ley que pretende aprobar la Asamblea Legislativa no cumple ninguno de estos 3 elementos», escribió el presidente en un mensaje publicado en sus redes sociales.

L​a Asamblea Legislativa aprobó con 44 votos la nueva legislación solo a horas que se venza el plazo impuesto por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que ordenó al órgano legislativo aprobar una nueva ley que asista a las víctimas del conflicto bélico, en reemplazo de la Ley de Amnistía para la Consolidación de la Paz, promulgada en 1993 y declarada anticonstitucional en julio del 2016. El plazo termina este viernes 28 de febrero.

En la sentencia emitida hace 4 años, se determinó que los Acuerdos de Paz firmados el 16 de enero de 1992, y en los acuerdos que le precedieron, no se hizo ninguna alusión expresa a la amnistía, sino el combate a la impunidad y búsqueda de la justicia en las graves violaciones a los derechos humanos sucedidas en el conflicto armado.

Sin embargo, la nueva ley ha sido criticada por organizaciones sociales y organismos nacionales e internacionales que critican la baja de condenas por colaboración, lo que permitiría que autores materiales e intelectuales de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad cumplan con una quinta parte de su condena. También se ha criticado la falta de fondos para atender las necesidades de las víctimas y el corto plazo que se usará para investigar cada caso.

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