Temas especiales

Existe «riesgo de corrupción» en financiamiento privado a partidos políticos

El financiamiento privado que reciben partidos políticos debe recibir mayor regulación para evitar corrupción, fondos ilícitos, sumas exacerbadas en campaña electoral, según la jurista del Departamento de Ciencias Jurídicas de la UCA, Gabriela Santos, y el director de Monitoreo Electoral de FUNDAUNGO, Eduardo Urquilla. 

Existen deficiencias en la legislación para regular el financiamiento público y privado de los partidos políticos. Los cambios van a paso lento en un sistema electoral que necesita reformas que verifiquen el origen de los fondos de cara a las elecciones del 2021, expresó este miércoles la jurista del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), Gabriela Santos, junto al director de Monitoreo Electoral de la Fundación Guillermo Manuel Ungo (FUNDAUNGO), Eduardo Urquilla. 

«El dinero en política es algo de lo que hay que hablar. El hecho de entrar en el tema de financiamiento electoral es fundamental. Necesitamos tener una buena legislación, que sea eficiente. El hecho del dinero en política es tan relevante porque siempre está vinculado a temas de corrupción. (…) El hecho de transparentar financistas o prohibir cierto tipo de donaciones, lo que traería, en vez de minarse como partidos políticos, es un respaldo de la población», dijo Santos en la entrevista principal del programa A Primera Hora de Radio 102nueve.

Los especialistas hablaron sobre las propuestas de reforma para impulsar más eficiencia en los procesos electorales en El Salvador, realizadas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO),  la Universidad Don Bosco (UDB), FUNDAUNGO y la UCA, durante el monitoreo del ciclo electoral comprendido entre 2018 y 2019.  Entre las proposiciones del financiamiento, se encuentran alternativas para solventar problemáticas que surgen del dinero en la política: corrupción, fondos ilícitos, sumas altas en campaña y demás aspectos que comprometen la calidad de la democracia.  

«Aunque el financiamiento privado es un riesgo, sería un absurdo prohibirlo. El financiamiento privado siempre va a existir. En nuestro caso, en el país es bastante curioso que lo que se reguló fue el financiamiento público primero y el privado quedó exento de regulación. Eso es un peligro. Cuando se hace una regulación al tema de financiamiento, se hace una limitación en dos sentidos: al gasto y al origen de los fondos», expresó Santos.

Actualmente, la Ley de Partidos Políticos y el Código Electoral contemplan el financiamiento electoral de las instituciones políticas. Además, la Constitución de la República posee un artículo que refiere a la deuda política, que únicamente se refiere a partidos políticos, sin indicar regulaciones a candidatos. Estas medidas no son suficientes, indicaron los expertos.

«Es necesario fortalecer al Tribunal Supremo Electoral con una unidad o una dirección al interior del tribunal que controle el financiamiento público de los partidos y los candidatos. Nosotros hemos observado que, en las elecciones 2018-2019, los procedimientos y audiencias que los partidos políticos se han resentido en dar las respectivas informaciones del financiamiento. (…) Se tienen que homologar los diferentes instrumentos de control, los balances, los ingresos, tiene que existir un agente electoral que sea el encargado de cada partido político responsable del financiamiento», expresó Urquilla.

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