Política

Culpables confesos de crímenes de guerra podrá reducir pena, según nuevo proyecto de Ley de Reconciliación

Los imputados podrían reducir la quinta parte de la totalidad de su pena.

El presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, presentó este lunes a los diputados de todos los partidos políticos un documento que consta de 74 artículos con el proyecto de la Ley de Reconciliación para las víctimas del conflicto armado.

Dicho proyecto contempla que los culpables que confiesen crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad podrían reducir la quinta parte de la totalidad de su pena.

Tras meses de deliberación en privado, el equipo técnico de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa terminó de elaborar el anteproyecto que concede beneficios penales, establece medidas de reparación obligatorias al Estado, sin asignar fondos específicos, y prohíbe condecorar a acusados de crímenes de guerra.

En los puntos a considerar es si reconoce expresamente su grado de participación sobre los hechos, si pide perdón a las víctimas, si colabora con el esclarecimiento de los hechos y si ayuda a ubicar el paradero de las víctimas o el de sus restos, que servirán de prueba de los hechos.

El presidente del legislativo añadió, que el 90% de la Ley incluye las observaciones que hicieron las organizaciones de la sociedad civil y el otro 10% fue diseño de la Comisión Política de la Asamblea.

Sostuvo que el proyecto cumple la sentencia de la Sala de lo Constitucional en cuanto a la reparación de las víctimas y la penalización de crímenes de guerra y lesa humanidad.

El 28 de febrero vence el plazo que dio la Sala de lo Constitucional a los diputados para que aprobaran la Ley de Reconciliación.

Ponce dijo que hoy inician con su socialización y recibirán al cuerpo diplomático para recibir también sus aportes hoy y mañana martes se reunirán con los líderes de organizaciones civiles y con abogados constitucionalistas.

En julio del 2016, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional la Ley de Amnistía para la Consolidación de la Paz, de 1993, y pidió a la Asamblea Legislativa la redacción de una nueva Ley de Reconciliación Nacional, prohibiendo que se impida el acceso a la verdad, justicia y reparación de las víctimas del conflicto armado.

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