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Elecciones 2021: centralización del poder puede traer riesgos para la democracia

La intimidación militar del Gobierno de Nayib Bukele es tan "grave" como la negociación de partidos políticos con pandillas. Los hechos tendrían efectos en las elecciones de febrero del 2021, según la especialista en Políticas Públicas Nayda Acevedo y la abogada Sulen Ayala.

La crisis política entre diputados de la Asamblea Legislativa y el presidente Nayib Bukele influirá en las elecciones de representantes para la Asamblea Legislativa, Parlamento Centroamericano y Consejos Municipales del 2021, más si los resultados concluyen en la centralización del poder en un solo partido político tanto en el órgano Legislativo como Ejecutivo, opinaron este miércoles la especialista en Políticas Públicas, Nayda Acevedo, y la abogada Sulen Ayala.

«Superando los que pasó el 9 de febrero, las interpelaciones… debemos tener mucho cuidado con el 2021, las democracias que corren riesgo son aquellas que mutan a la centralización del poder. (…) Recordemos que en la Asamblea descansan elecciones tan importantes como las elecciones de segundo grado, que son fundamentales de la institucionalidad», dijo Acevedo en el programa «Bola al centro» transmitido en Radio 102nueve.

La militarización de la sede de la Asamblea Legislativa por orden de Bukele y la concentración de una manifestación en las inmediaciones, convocada por el Gobierno afín a Nuevas Ideas, demostró que intereses de cualquier naturaleza de un solo grupo político, con mucho apoyo popular, pueden desequilibrar los poderes del Estado, un hecho que no es propio de los países democráticos, según las especialistas.

«Todos los salvadoreños deberíamos de pensar: ¿Qué sucedería si para el 2021, Nuevas Ideas tiene mayoría en la Asamblea Legislativa?, ya vimos algunos casos que pudieran pasar, como el caso del comisionado de la IAIP», dijo Ayala con respecto a la reciente polémica de elección (y posterior renuncia) de un comisionado propietario del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) que fue vinculado al Gobierno actual y sometido a recusación.

Según la jurista, irregularidades de este tipo deben ser procesadas ante la justicia, pero, con más énfasis, la intimidación militar del Gobierno de Nayib Bukele que puso en riesgo a la democracia salvadoreña. Este caso debe ser investigado con la misma igualdad con la que se indagan las negociaciones de funcionarios y exfuncionarios con pandillas para obtener beneficios electorales, indicó Ayala.

«Es gravísimo que funcionarios y candidatos hayan pactado con las pandillas y esperamos que se sigan los mecanismos legales, para que las personas paguen, pero igual de grave es lo que sucedió el 9 de febrero. (…) La mayoría concuerda que lo que sucedió no puede quedar sin responsables, no podemos hacer como que, si nada pasó, porque no sabemos si eso se puede repetir, ojalá el fiscal tome cartas en el asunto», mencionó la abogada.

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