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IAIP denuncia resistencia de funcionarios para rendir cuentas a la ciudadanía

Comisionadas del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) explicaron las consecuencias jurídicas y administrativas a las que se enfrentan los funcionarios que deciden no entregar información pública solicitada por ciudadanos.

La presidenta y comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Cristina Pérez y Liduvina Escobar, respectivamente, declararon que cuentan con al menos 40 casos en los que entidades del Estado han acudido a procesos administrativos ante su negativa de entregar información de carácter público. Estas acciones demuestran la resistencia del funcionariado de rendir cuentas de su gestión, lo que afecta a la población salvadoreña.

«Lo que pasa es que existe mucha resistencia por parte del funcionariado público de dar rendición de cuentas a la ciudadanía. No se trata del instituto, el instituto solo es el ente garante de que exista información abierta a todos los ciudadanos.(…) Nosotras estamos, como ente rector, luchando con esa etapa de opacidad que se ha tenido desde muchísimo tiempo atrás», dijo la presidenta de la IAIP en la entrevista principal de A Primera Hora de Radio 102nueve.

Las entidades deciden acudir, por ejemplo, a la Sala de lo Contencioso Administrativo utilizando estatutos de la Ley de Procedimientos Administrativos para alegar que las resoluciones de la IAIP no cuentan con legalidad ni procedencia, así como lo realizó la Corte Suprema de Justicia (al oponerse a brindar informes de probidad) o el director de Centros Penales, Osiris Luna Meza, (al no entregar información de viajes oficiales), según las comisionadas.

«Tenemos alrededor de 40 casos que están en otra instancia, que no ha habido conformidad con la resolución del instituto, es decir, acuden a la Sala de lo Contencioso o a la Cámara de lo Contencioso Administrativo. Esto nos ha llevado a suspender procedimientos, si se han iniciado, y a esperar. Esto trae consecuencias, porque las implicaciones son para el ciudadano o ciudadana que ha solicitado la información pública y que tiene un interés público de conocerla», dijo Escobar en una de sus intervenciones.

Las comisionadas indicaron que la Sala de lo Contencioso Administrativo, y juzgados derivados, tienen un plazo determinado para responder los alegatos, pero enfrentan carga judicial que atrasa la entrega de la información a la ciudadanía y representa un obstáculo en el avance de la democracia del país.

Ante el incumplimiento de entrega de información pública, determinado en la Ley de Acceso a la Información Pública, se inicia el procedimiento sancionatorio cuya infracción se cataloga como muy grave de acuerdo a lo establecido en su legislación. La sanción es entre los 20 a 40 salarios mínimos, lo que se traduce a multas que ascienden desde los $6 mil a $12 mil. Las funcionarias de la IAIP invitaron a la población a pedir información de entidades gubernamentales o estatales para mejorar la transparencia y evitar la corrupción.

A mayor información, existen menos espacios de corrupción»

Presidenta de IAIP, Cristina Pérez.

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