Política

Corte de Cuentas tuvo 50% de sus magistrados con vínculos partidarios en 28 años

El Observatorio Ciudadano de la Corte de Cuentas de la República afirmó que la mayoría de magistrados que pasaron por el ente contralor no poseían independencia política.

El reciente informe del Observatorio Ciudadano de la Corte de Cuentas de la República (CCR) reveló que, entre 1990 y 2018, el 50% de los magistrados de la entidad contralora tuvieron un vínculo con algún partido político, a pesar de la necesidad de independencia que pide el cargo para llevar a cabo las funciones de control de los bienes del Estado.

«En cuanto a independencia política, la vinculación con los partidos era un elemento común de los magistrados de la CCR, ya que se comprobó que el 50% tuvo un vínculo comprobado con un partido», se lee en el documento presentado este martes en la capital.

«Sobre este punto, la Sala de lo Constitucional estableció en su sentencia de inconstitucionalidad 49-2011, que es necesario que exista independencia partidaria, especialmente si se llevan a cabo funciones de control, tal como es el caso de la CCR», indicó el organismo en uno de sus párrafos.

El Observatorio Ciudadano dejó en claro que los funcionarios al frente de la CCR deben ser personas con capacidad para controlar la actividad de los demás funcionarios del Estado, con voluntad o temperamento para actuar de forma independiente y con los conocimientos técnicos necesarios, sin afinidad política que beneficie a una minoría.

Cabe destacar que los requisitos constitucionales para ser magistrado de la Cámara de Segunda Instancia de la CCR son: ser salvadoreño por nacimiento, mayor de treinta años, de honradez y competencia notorias, estar en el ejercicio de los derechos de ciudadano y haberlo estado en los tres años anteriores a su elección.

Sin embargo, el informe señala que los requisitos para ocupar el cargo son muy básicos y necesitan revisión al tratarse de una institución cuyo trabajo consiste en garantizar la correcta administración de los recursos públicos y prevenir y sancionar actos de corrupción.

Además, el estudio reveló que el 50% de las sentencias ejecutoriadas en las que se impuso responsabilidad administrativa no registraron ningún pago de la deuda, mientras que en las de responsabilidad patrimonial, el 62% no reportó cobro alguno.

Sobre esto, la Fiscalía General de la República La FGR argumentó a los investigadores que se debe a que dentro de cada caso existen varios condenados y diversas responsabilidades, entonces no se puede cerrar un expediente hasta que se cumplan todas las responsabilidades.

Fuente: Observatorio Ciudadano de la Corte de Cuentas de la República.

Mostrar más

Publicaciones relacionadas

Cerrar

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere ayudarnos desactivando su bloqueador de anuncios