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Piden a presidente Bukele abrir archivos de la Fuerza Armada para investigar crímenes de guerra

La Mesa contra la Impunidad en El Salvador, el Grupo Gestor y la Comisión Pro Memoria Histórica pidieron formar mesa de diálogo para crear una Ley de Reconciliación que apoye a las víctimas de la Guerra Civil.

Las organizaciones que integran la Mesa contra la Impunidad en El Salvador pidieron este martes al presidente de la república, Nayib Bukele, que facilite la localización, acceso y reconstrucción de archivos de la Fuerza Armada de El Salvador, para consolidar las investigaciones judiciales y administrativas sobre crímenes de guerra ocurridos durante el conflicto armado.

«Pedimos al presidente Nayib Bukele ordene de inmediato la localización y acceso a los archivos en poder de la Fuerza Armada, a fin de dar soporte a las investigaciones judiciales o administrativas correspondientes», expresaron las organizaciones conformadas por el Grupo Gestor, la Comisión Pro Memoria Histórica y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) ante la prensa nacional.

Además, pidieron a la Comisión Política de la Asamblea Legislativa que instalen de forma inmediata un diálogo con las víctimas y organizaciones de derechos humanos para elaborar un proyecto de Ley de Reconciliación Nacional, que brinde acceso a la justicia a aquellas personas que experimentaron crímenes atroces durante el conflicto armado.

«Pedimos a la Asamblea Legislativa, especialmente a la Comisión Política y su presidente Mario Ponce la instalación inmediata de un proceso de diálogo con las víctimas y organizaciones de derechos humanos, para  elaborar el proyecto de Ley de Reconciliación», expresaron los organismos en una conferencia brindada frente al Monumento a la Memoria y la Verdad, ubicado en el Parque Cuscatlán, en San Salvador.

El pasado 04 de diciembre, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) consideró otorgar un plazo adicional para que los diputados de la Asamblea Legislativa emitan, a más tardar el 28 de febrero del 2020, una nueva Ley de Justicia Transicional y de Reconciliación Nacional, con fin de asistencia a víctimas, según los parámetros establecidos por la instancia judicial.

La nueva legislación busca reemplazar la Ley de Amnistía para la Consolidación de la Paz, promulgada en 1993 y declarada anticonstitucional en julio del 2016, por parte de la Sala de lo Constitucional. La Amnistía fue fuertemente cuestionada por evitar procesar violaciones a los derechos humanos que marcaron fuerte conmoción a nivel nacional e internacional, como la Masacre del Mozote ocurrida en 1981.

En la sentencia emitida hace 4 años, se determinó que los Acuerdos de Paz firmados el 16 de enero de 1992, y en los acuerdos que le precedieron, no se hizo ninguna alusión expresa a la amnistía, sino el combate a la impunidad y búsqueda de la justicia en las graves violaciones a los derechos humanos sucedidas en el conflicto armado.

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