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Cristosal advierte aumento en casos de desplazamiento forzado por medidas del Plan Control Territorial

Representantes de la organización defensora de derechos humanos cuestiona la “indiferencia” del Estado por atender este tipo de casos, mientras reiteraron la necesidad de una política integral de seguridad.

La directora regional de programas de Cristosal, Celia Medrano, advirtió este lunes sobre un posible aumento en los casos de desplazamiento forzado en el país producto de la implementación del Plan Control Territorial.

De acuerdo con Medrano, esto se debe a que la presión que los cuerpos de Seguridad han comenzado a ejercer sobre las estructuras delictivas ha ocasionado que los miembros de estos grupos huyan a otros territorios, provocando casos de desplazamiento forzado en zonas donde antes no existían.

“Puedo adelantar que hemos registrado un aumento en la situación de desplazamiento forzado. A partir de medidas de seguridad que vulneran los derechos humanos en ciertas poblaciones (…) la movilización de estructuras que se están moviendo a otras zonas huyendo de diferentes presencias policiales y militares en otras comunidades y está generando desplazamiento forzado en zonas donde no se percibía”, indicó Medrano durante un entrevista televisiva.

Estadísticas de la Policía Nacional Civil (PNC) revelan que desde la implementación del Plan Control Territorial el pasado dos de junio se han registrado 13, 058 capturas a nivel nacional.

El ministro de Hacienda, Neson Fuentes, detalló anteriormente que el Gobierno de Nayib Bukele destinará solo en 2019 un total de $158 millones a la inversión del plan de Seguridad. La polémica medida se ha extendido a 17 municipios y cuenta con siete fases que involucra la participación de más de 5 mil soldados de la Fuerza Armada a nivel territorial.

Por su parte, el director de litigio estratégico de Cristosal, David Morales, hizo énfasis en que medidas con “carácter represivo” como el Plan Control Territorial son usados para conseguir “mayor popularidad”, pero el país necesita métodos integrales para combatir la inseguridad.

“Se ha lanzado un plan Control Territorial, tiene otra vez énfasis manodurista, tenemos un escenario positivo en la reducción de los homicidios, tiene que tener transparencia. Los gobernantes se legitiman a través de estas leyes o políticas manoduristas, pero en la práctica han demostrado ser ineficaces frente a la delincuencia que se volvió más fuerte, la política integral sigue siendo necesaria, es lo que ordena la constitución”, sostuvo Morales mientras resaltó que las víctimas aún continúan en “abandono”,

“Une elección libre de canjes”

Tanto Medrano como Morales lamentaron la falta de acción por parte de las instituciones estatales para atender el fenómeno de desplazamiento forzado. Señalaron situaciones como el incumplimiento por parte de los diputados de la Asamblea Legislativa  de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en la cual se les ordenó la creación de una normativa para la protección de las víctimas antes de enero de 2019.

Al mismo tiempo, los parlamentarios de la Comisión  Política intentan llegar a un acuerdo para elegir a la próxima Procuradora de los Derechos Humanos. Un proceso que, según Cristosal, debe estar libre de “canjes partidarios”.

“La preocupación más clara que podemos plantear es que en El Salvador no está exento de  generar las titularidades de las diferentes instancias como un canje de puestos de acuerdo a negociaciones partidarias. No quisiéramos que lo que se está dando en la Procuraduría de Derechos Humanos en la elección de esta titularidad responda a una negociación de carácter de partidos políticos. Sería lamentable”, sentenció Medrano.

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