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ONU critica duramente políticas migratorias tras 35 mil solicitudes de asilo negadas en México

En la 42ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet denunció 35 mil solicitudes de asilo negadas durante el 2019 por políticas migratorias.

Michelle Bachelet, la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, manifestó su preocupación por las 35 mil solicitudes de asilo bloqueadas en lo que va del 2019, a raíz de las trabas provocadas por políticas migratorias ejecutadas por México y países centroamericanos. La expresidenta chilena expresó que el endurecimiento de las medidas migratorias, orquestadas por Estados Unidos, pone en riesgo a muchos solicitantes de asilo de sufrir violaciones a sus derechos fundamentales.

«En lo que va del año, al menos 35,000 solicitantes de asilo han sido enviados a las zonas fronterizas mexicanas para esperar sus audiencias. Nuestras oficinas de país en México, Guatemala y Honduras han documentado aumentos en las detenciones y deportaciones de migrantes», dijo Bachelet en la jornada de apertura de la 42ª sesión del Consejo de Derechos Humanos.

La alta comisionada dejó en claro en su intervención que la crisis ha dejado altos índices de detenciones de menores de edad en zonas fronterizas, los cuales están siendo trasladados a centros habilitados por las autoridades estadounidenses en los que permanecen en condiciones calificadas como “inhumanas”.

“Sigo profundamente perturbada por estas políticas, incluida, en particular, la separación continua de los niños migrantes de sus padres, y la perspectiva de una nueva norma que permita la detención indefinida de los niños simplemente por su estado administrativo. Nada puede justificar infligir un trauma tan profundo a ningún niño”, afirmó.

De hecho, insistió que la separación de niños de sus padres impuesta por las disposiciones del presidente de EE.UU. reducen los esquemas de protección de los menores de edad.

“Hemos observado casos de separación familiar en el contexto de la privación arbitraria de libertad, falta de evaluación individual, denegación de acceso a servicios y asistencia humanitaria, y uso excesivo de la fuerza contra los migrantes. Los acuerdos para “devolver» personas a estos u otros países no pueden considerarse legales si no se respetan los derechos humanos internacionales”, indicó.

A tres meses de llegar a un acuerdo sobre migración con Estados Unidos, que ha llevado al despliegue de militares en las fronteras y a un endurecimiento de las políticas migratorias en México, el Instituto Nacional de Migración afirmó que el flujo de migrantes se redujo en un 56%.

Entre enero y agosto habrían sido deportados más de 100.000 indocumentados, la mitad de ellos en los meses transcurridos desde el pacto. Sin embargo, para la administración de Trump pareciera no ser suficiente, por lo que Washington sigue considerando cambios legislativos que permitan que las detenciones se lleven a cabo de manera permanente.

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