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Violentas protestas en Honduras tras acusaciones contra Juan Hernández por presunto vínculo con narcotráfico

La capital de Honduras, Tegucigalpa, fue el escenario de violentas protestas después de las revelaciones de un tribunal federal en Nueva York que vincula a Hernández con dinero de las drogas.

Honduras se prepara este miércoles para otro día de protestas callejeras tras violentos enfrentamientos entre la policía y miles de manifestantes el pasado 6 de agosto, exigiendo la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández luego de que se hicieron públicos alegatos de presunta corrupción.

En la capital, Tegucigalpa, fueron incendiados varios edificios y la Policía utilizó gases lacrimógenos y agua a presión para dispersar a los manifestantes.

Las protestas se producen días después de que fiscales en Estados Unidos alegaran que la campaña presidencial de 2013 de Hernández había sido financiada con dinero del narcotráfico. Los fiscales vincularon a Hernández en un caso de narco en contra de su hermano, Juan Antonio Hernández, quien fue detenido en Miami el año pasado.

Falsas acusaciones

El presidente Hernández ha negado cualquier vínculo con el dinero de las drogas y, en cambio, ha elogiado sus propios esfuerzos para combatir a los traficantes, incluida la aprobación de una serie de extradiciones de alto perfil hacia Estados Unidos. En una conferencia de prensa el sábado dijo que «estas aseveraciones son perversas» y «falsas acusaciones» realizadas por un traficante de drogas «buscando venganza».

Los críticos del presidente Hernández dicen que su reelección para un segundo mandato en 2017 se vio empañada por el fraude electoral.

Hernández también enfrenta acusaciones de que miembros del Congreso del gobernante Partido Nacional malversaron decenas de millones de dólares en fondos de desarrollo público utilizando organizaciones sin fines de lucro falsas.

Un equipo de fiscales especiales anticorrupción creado por la Organización de Estados Americanos (OEA), conocido como MACCIH, ha presentado cargos en tres casos en los últimos meses, mientras que una investigación de Univisión publicada el martes encontró que decenas más miembros del Congreso y organizaciones sin fines de lucro están bajo investigación.

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