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EE.UU. anuncia 18 nuevos cargos criminales contra Julian Assange

Si las acusaciones trascienden a una condena, el fundador de Wikileaks podría enfrentar 170 años de prisión por divulgación de información clasificada.

Este jueves, fiscales federales de Estados Unidos acusaron al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, de haber violado la Ley de espionaje, presentando en su contra una nueva acusación de 18 cargos en la que se alega que ilegalmente obtuvo y reveló información de la defensa nacional, informó The Washington Post. 

Los nuevos cargos aumentan dramáticamente la importancia del caso tanto para Assange como para los medios de comunicación, lo que genera dudas sobre los límites de la Primera Enmienda y las protecciones para los editores de información clasificada.

Los fiscales alegan que Assange trabajó con un antiguo analista de inteligencia del Ejército para obtener y difundir información clasificada, conducta de la que muchos reporteros tradicionales también podrían ser acusados. Sin embargo, el gobierno de los EE. UU. trató de distinguir a Assange de un reportero tradicional.

«Julian Assange no es periodista», dijo John Demers, Asistente del Fiscal General para la Seguridad Nacional del Departamento de Justicia. Él dijo que Assange se involucró en una «solicitud explícita de información clasificada». Assange fue acusado previamente por un gran jurado estadounidense por sus interacciones en 2010 con Chelsea Manning, exanalista de inteligencia del Ejército que compartió cientos de miles de registros de guerra clasificados y documentos diplomáticos con WikiLeaks. 

Si es declarado culpable, Assange enfrentaría un máximo de cinco años de prisión bajo ese cargo de conspiración. Cada presunta violación de la Ley de Eespionaje conlleva una posible sentencia de prisión de diez años.

Pero los nuevos cargos contra Assange tienen consecuencias potenciales no solo para él, sino también para otros que publican información clasificada, y podrían cambiar el delicado equilibrio en la ley de Estados Unidos entre libertad de prensa y secreto gubernamental. También plantean nuevas preguntas sobre si los tribunales británicos verán los nuevos cargos como justificados y dignos de extradición.

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