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Ministerio de Justicia solicita creación de Ley especial que atienda a víctimas de desplazamiento forzado

Esto corresponde a la orden de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, para que el Gobierno de Salvador Sánchez Cerén reconociera el fenómeno de movilización forzada por violencia.

El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), con representación de su titular Mauricio Ramírez Landaverde, presentó este lunes ante la Asamblea Legislativa una pieza de correspondencia para solicitar la creación de una ley especial que atienda a personas víctimas en riesgo o situación de desplazamiento forzado interno, para proteger a la población que sufre movilizaciones en contra de su voluntad producto de la violencia social.

«La propuesta contiene todo aquello que las instituciones que forman parte de grupo gestor consideran que una Legislación de Atención a Víctimas de Desplazamiento Forzado debe contener. Además este documento servirá como insumo a diputados de la comisión de Legislación», dijo el ministro.

Él, junto a la representación del “Grupo Gestor para la aprobación de una normativa especial de atención y protección a personas víctimas de desplazamiento forzado interno”, formado por instituciones y sociedad civil, presentaron el escrito a partir del mandato de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cuya sentencia de amparo 411-2017 obligó al Gobierno a reconocer el desplazamiento forzado por violencia. 

«Determinamos que existe la inminente necesidad de una ley especial que atienda a personas víctimas en riesgo o situación de desplazamiento forzado interno. Dicha ley debe estar armonizada con estándares internacionales», indicó la directora ejecutiva del Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (CONNA), Zaira Navas.

Otros integrantes del grupo gestor para consolidar la ley de protección a personas víctimas de desplazamiento forzado interno son el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en El Salvador (UNICEF), Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), la Policía Nacional Civil (PNC) y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). 

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