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FGR apelará las medidas alternativas otorgadas al magistrado Eduardo Escalante

La resolución de la Cámara de lo Penal ordenó que el magistrado fuera procesado en libertad y pagara una fianza de $10 mil como garantía de no escapar del país entre otras medidas.

La decisión tomada el pasado martes 26 de marzo por la Cámara Primero de lo Penal de San Salvador, sobre la continuidad del proceso en libertad del magistrado de la Cámara Tercero de lo Civil Eduardo Jaime Escalante Díaz, acusado por agresión sexual a una menor, será apelada por la Fiscalía General de la República (FGR).

La FGR interpuso un recurso de apelación ante la Cámara Primero de lo Penal por negarse a imponer a medida cautelar de detener provisionalmente al magistrado desaforado, Jaime Escalante Díaz.

“La interposición del recurso se hace de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 49 de la Política de Persecución Penal, y al artículo 341 del Código Procesal Penal, en virtud de que afecta gravemente el interés público, el acceso a la justicia y al interés superior de la víctima al otorgar medidas a favor del imputado”, indicó la titular de la Coordinación Nacional de la Niñez de la FGR, Graciela Sagastume.

Además, señaló que que la medida establecida por la Cámara no es procedente en la clase de delitos que afronta Escalante. «Esperamos que el Tribunal superior haga un análisis más integral en cuanto a la imposición de estas medidas y considerar necesaria la protección de la víctima en el caso. A la luz de la ley esperamos que se haga el análisis de acuerdo a los argumentos presentados por parte de la fiscalía», indicó la fiscal de la FGR.

También, la el ministerio público comentó que en la continuidad de la investigación, a la víctima se le está otorgando la asistencia psicológica y legal.

El pasado 26 de marzo la Cámara Primera de lo Penal decretó instrucción con medidas sustitutivas a la detención en contra del magistrado de Jaime Escalante, por el delito de agresión sexual en menor o incapaz. La Sala resolvió que el implicado deberá pagar una fianza de $10 mil como garantía que no huirá del país y debe presentarse cada 30 días a firmar al tribunal.

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