Política

Sala declara constitucional reforma sobre independencia de la Unidad Financiera de la FGR

El Órgano Judicial rechazó el veto del presidente Salvador Sánchez Cerén sobre la reforma al artículo 70 de la Ley Orgánica de la FGR.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolvió este jueves dejar sin efecto el veto del presidente Salvador Sánchez Cerén, sobre la reforma al artículo 70 de la Ley Orgánica de la Fiscailía General de la República, que otorga independencia a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) del ente judicial.

En su resolución, los magistrados señalan que la reforma “no invade la atribución del Fiscal General de la República de dirigir la investigación del delito ni la desplaza a favor de la Unidad de Investigación Financiera”, razón principal por la que el mandatario salvadoreño había decidido vetar la iniciativa de ley aprobada por los diputados de la Asamblea Legislativa en julio del año pasado, sin el apoyo de la bancada del FMLN.

Ante ello, la Sala indicó en su resolución que «la reforma aprobada por la Asamblea Legislativa, y vetada por el Presidente de la República, es constitucional», por lo que dictaminó la orden de que sea publicada en el Diario Oficial.

Por otra parte, los magistrados señalaron la necesidad de que esta división del Ministerio Público cuente con la independencia necesaria para detectar crímenes de lavado de dinero y activos.

«Se observa el progresivo desarrollo de una criminalidad organizada que representa un grave peligro para la seguridad de los derechos de la población, lo cual impone la necesidad del Estado de adoptar medidas legislativas, administrativas y judiciales que permitan evitar que el sistema financiero sea utilizado como medio para actividades ilícitas como el lavado de dinero y la financiación del terrorismo», añade la resolución.

Sanciones del Grupo Egmont

A raíz del veto presidencial impuesto por Sánchez Cerén, en agosto del año pasado el Grupo Egmont, entidad internacional dedicada a la lucha contra lavado de dinero y financiamiento de entidades terroristas, optó por excluir a El Salvador de su lista de países miembros.

En ese entonces, el exfiscal General de la República, Douglas Meléndez, realizó un llamado al Parlamento que de no ser superado el veto, El Salvador podría convertirse en paraíso fiscal, ya que la ausencia del Grupo Egmont impedía el envío o recibimiento de información ante casos de lavado de dinero.

Por ello, en octubre del 2018, la Asamblea superó el veto presidencial con 56 votos a favor y desde entonces el caso fue enviado al interior de la Sala de lo Constitucional, que este día dio a conocer su veredicto.

 

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