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Ordenan detención contra expresidente de la CEL por caso El Chaparral

Los tribunales también giraron órdenes de captura contra otros dos imputados.

El juzgado noveno de Paz de San Salvador, decretó este martes instrucción formal con detención provisional en contra del expresidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), José Leopoldo Samour Gómez, por las por irregularidades en la construcción de la presa El Chaparral.

Asimismo, las autoridades judiciales decretaron detención contra los representantes de la constructora Astaldi, José Efraín Quinteros y Mario Pieragostini. Los imputados están siendo procesados por los delitos de lavado de dinero, peculado y cohecho activo y agrupaciones ilícitas.

Tras la resolución, el fiscal del caso mencionó en declaraciones a la prensa que buscarán que se establezcan  seis meses de instrucción en el caso y que solicitarán asistencias internacionales para fortalecer la investigación. “Solicitaremos inicialmente el plazo máximo de seis meses, pues tenemos mucha evidencia que recopilar”, afirmó.

Por otro lado el fiscal aseguró que ya cuentan con una estrategia para reforzar las acusaciones contra los imputados sobre el delito de agrupaciones ilícitas, el cual fue considerado por la jueza como «un tanto débiles».

En el caso también están siendo procesados el expresidente Mauricio Funes, su cónyuge Ada Michell Guzmán y Miguel Menéndez Avelar, conocido como “Mecafé”, a quién también se le impusieron medidas de detención el pasado siete de enero, luego de la realización de la audiencia inicial del caso.

Las investigaciones del Caso El Chaparral surgieron tras el cierre irregular del contrato con la empresa Astaldi, a la que Funes pagó un monto de $108 millones adicionales, a pesar de que dejó inconclusa la obra, argumentando que se había culminado un avance del 50 % aunque este era menor.

Lo anterior se tradujo en $45,244,418 millones que fueron pagados a Astaldi en excedentes, de los cuales $3.5 millones fueron desviados hacia los imputados, por medio de dos empresas propiedad de Miguel Menéndez, que están registradas en Panamá mientras que un millón de dólares sirvió para la instalación de Latín Spa, cuya dueña es Ada Michelle Guzmán.

El caso llevaba años bloqueado, debido a que el mismo Funes pagó sobresueldos de $10,000 y $15,000 al exfiscal, Luis Martínez a cambio de bloquear los procesos de la investigación.

 

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