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Guatemala expulsa a la CICIG

La medida fue rechazada por el secretario general de la ONU, Antonio Guterrez.

El gobierno de Guatemala adelantó el fin del acuerdo con las Naciones Unidas para la permanencia de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y les dio a sus funcionarios un plazo de 24 horas para abandonar el país.

La ministra de relaciones exteriores, Sandra Jovel, fue la encargada de comunicarle la noticia al secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

Sin embargo, Guterres rechazó “enérgicamente” la decisión de las autoridades guatemaltecas e hizo referencia al artículo 12 del acuerdo de creación de la Comisión que establece que “toda controversia entre las partes (…) se resolverá por negociación entre las partes o por cualquier otro medio de solución mutuamente convenido”.

«El mandato de la Comisión finalizará el 3 de septiembre del 2019. Hasta esa fecha, esperamos que el Gobierno de Guatemala cumpla integralmente con sus obligaciones legales en virtud del Acuerdo», se lee en un comunicado publicado por su oficina.

En sus once años de operación, la CICIG cooperó con el Ministerio Público en desactivar algunas de las mayores redes de corrupción en el país.

Algunas de sus investigaciones terminaron con el encarcelamiento y juicio al ex presidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti.

Y, más recientemente, la Comisión también había iniciado una investigación por financiamiento ilícito de la campaña del presidente Jimmy Morales.

Pero el mandatario acusó al organismo de violar leyes internas y convenios internacionales, especialmente en el período del último comisionado, el colombiano Iván Velásquez Gómez.

“Puso en riesgo el orden público, la gobernabilidad y la soberanía del Estado de Guatemala”, dijo Morales.

El mandatario también dijo que los casos que inició la CICIG“deberán seguir su curso a instancias de la autoridad competente en Guatemala”.

Pero la continuidad de la Comisión en el país ha sido respaldada por la Corte de Constitucionalidad (CC), por lo que varios analistas ya han advertido que la misma podría proceder en contra de Morales.

En la pugna, el Ministerio Público y la Procuraduría de Derechos Humanos también se han puesto del lado de la CICIG.

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